Quedó visto para sentencia el juicio contra Antonio Quintela Prado, acusado de homicidio imprudente por la muerte en accidente de tráfico el 30 de agosto de 2010 de una maestra que iba a enseñar a su familia su nuevo colegio en Cea. La vista en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense se retomó con la declaración como testigo del jefe del servicio de análisis clínicos del CHUO quien ratificó el resultado de la muestra de sangre que se le tomó al acusado en el centro hospitalario, con una autorización judicial, y que dio un resultado positivo de alcoholemia del 0,94 gramos por litro.
La defensa del acusado invocó la nulidad de estas pruebas de alcoholemia. En su alegato final cuestionó que no hay certeza de qué pasó con la muestra hasta que llegó al laboratorio, que el análisis se hizo «como mínimo cinco horas después del accidente» y que no se hayan tenido en cuenta los márgenes de error de los etilómetros al valorar la tasa de 0,75 mg/l en aire espirado que dio la primera prueba. Para la defensa, puede haber más explicaciones que la ingesta del alcohol en la causa del accidente mortal. La abogada defendió que el acusado tiene una dependencia del alcohol, pero «no es un desalmado».
No como Ortega Cano
Sin embargo, la fiscal mantuvo que no concurren los supuestos para la nulidad, señalando que los resultados de las pruebas se conocieron desde un primer momento y nunca se discutieron. «No estamos hablando de un caso como el de Ortega Cano, en el que la prueba se practicó cinco días después. En este caso, el paciente estaba en la camilla cuando dio el resultado de 0,75», sostuvo la representante del Ministerio Público. La fiscal incidió en que la causa del accidente fue que el conductor tenía mermadas sus capacidades por la ingesta previa de alcohol y descartó la explicación del acusado de que lo deslumbró el sol, basándose en la comprobación que hizo de esta circunstancia la Guardia Civil. La fiscalía solicita para el acusado la pena máxima ?cuatro años de prisión? aplicando la regla del concurso ideal de los delitos implicados en este hecho, el conducir bebido, el homicidio imprudente de la maestra fallecida, y los tres de lesiones por imprudencia grave de los familiares heridos.
La acusación particular no aplicó esta regla y pide un total de once años de cárcel sumando todos los delitos. Solicitó un aumento de las indemnizaciones, algo a lo que se opuso el abogado de la aseguradora.