La entidad asistencial seguirá haciéndose cargo de los gastos generales, comunidad e impuestos del inmueble
13 abr 2012 . Actualizado a las 06:58 h.El Comité Antisida de Ourense podrá seguir utilizando el piso propiedad del Obispado de Ourense en el que tiene su servicio de casa de acogida para enfermos sin recursos desde hace casi dos décadas. A cambio de condonarles el alquiler, la entidad pagará los gastos generales, los de la comunidad y los impuestos del inmueble. Así lo confirmaba Agustín González, el coordinador de programas del Comité Anti Sida tras la reunión que mantuvieron con el nuevo obispo, Leonardo Lemos Montanet. La llegada del prelado ha permitido dejar sin efecto la amenaza de desalojo que pendía sobre esta instalación tras la reclamación judicial iniciada por la Vicaría para Asuntos Económicos hace varios meses.
En esa demanda se les reclamaban alquileres pendientes desde la marcha del anterior obispo, Quinteiro Fiuza hace dos años, a razón de 500 euros al mes, y el pago de varios meses de la comunidad del edificio y de un recibo de IBI.
Los representantes del Comité Antisida alegaron entonces que la entidad estaba exonerada del pago de ese alquiler desde la época de José Diéguez Reboredo al frente de la Diócesis, ya que a partir del año 1995 llegaron a acuerdos con los sucesivos obispos en ese sentido a cambio de hacerse cargo de otros gastos. Primero se encargaban solo de los generales, luego se fueron añadiendo los de comunidad, el recibo del IBI o la ejecución de algunas reformas.
Esos argumentos no sirvieron sin embargo para frenar la demanda, pese a que en el momento del acto de conciliación el Comité aseguró que la deuda con la comunidad también estaba liquidada, aunque sí reconocieron que se había producido retraso por la tardanza de la Xunta en liberar las subvenciones otorgadas a la entidad. De hecho esa falta de liquidez se había vuelto tan crítica que los trabajadores estuvieron sin cobrar seis meses y el Comité se vio obligado a reducir de 8 a 5 las plazas de la casa de acogida para poder hacer frente a los gastos más básicos.
El gran problema en el campo judicial fue que todos los acuerdos con los obispos eran verbales. También lo es el que se acaba de alcanzar con Lemos Montanet, aunque González no descarta que en una próxima reunión pueda avanzarse algo en ese sentido. «Ahora lo que urgía era solucionar el problema y hemos encontrado en el obispo a una persona con voluntad de arreglar las cosas y buscar soluciones con los pies en la tierra», señala González.