El imputado, vecino de Vilamartín, dice que el alcalde le dio permiso
20 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Asegura que comenzó las obras de una vivienda unifamiliar tras haber obtenido licencia municipal para construir un galpón porque «es lo que hacíamos en ese ayuntamiento y aún ahora se hace así». Pedro L. G., de 52 años, se defendió ayer en el juzgado de lo penal de haber cometido undelito contra la ordenación del territorio, por el que el fiscal reclama un año y ocho meses de prisión, alegando que en el municipio en el que ocurrieron los hechos, Vilamartín de Valdeorras, aquella era la forma habitual de proceder. Era el año 2003. «Estábamos convencidos de que nuestra casa era legal. En el ayuntamiento nos dijeron ?te damos licencia para el galpón y luego ya iremos viendo?. Eso fue lo que me dijo el alcalde», aseguró en referencia a Manuel Candal, regidor del PP ya fallecido. Zanjó su declaración el imputado insistiendo en que «siempre tuve el beneplácito del ayuntamiento para hacer la obra».
Sin embargo, poco después se ordenó paralizar los trabajos. Un arquitecto municipal acudió al lugar para realizar una inspección y vio que la construcción era algo más que una caseta de 50 metros cuadrados para guardar las herramientas. «Allí se había hecho una casa de dos plantas», constató, afirmando que aquel no fue un caso aislado en el municipio. «Los vecinos pedían licencias para galpones y luego aparecían casas», aclaró.
Paró las obras
Es en este punto en el que, según el fiscal, el acusado habría incurrido en su segundo delito, el de desobediencia, por el que reclama otros ocho meses de cárcel. Asegura esta parte que pese a que se le requirió para que paralizase las obras, por ser ilegales, el denunciado avanzó en la construcción. El acusado lo niega. «Paramos las obras y a día de hoy siguen paradas», dijo.
El actual alcalde de Vilamartín, el socialista Enrique Álvarez Barreiro, fue el último en declarar. Constató que la casa se había elevado en suelo rústico pero aseguró que con el actual plan de ordenación, pendiente de aprobación de la Xunta, quedaría recogida en el nucleo urbano, lo que permitiría su legalización. Por ello, la defensa del acusado asegura que no existe delito contra la ordenación del territorio.
Esta parte presentó al magistrado José Manuel Ruíz la documentación que acredita que la vivienda, en la que se deberán hacer modificaciones, está en vías de legalización. «Este no es un caso penal, el fiscal debería haber retirado la acusación», aseguró, considerando su actuación «desproporcionada».
Por su parte, la fiscal mantuvo los cargos, considerando probados los dos delitos. «A fecha de hoy la obra no ha sido legalizada y en las condiciones actuales no puede serlo», insistió, reclamando además el derribo.