Lamenta que no se hayan cubierto plazas vacantes desde el año 2006
02 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«Preocupa a esta Fiscalía la situación en la que se encuentra la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, necesitada de más recursos materiales pero sobre todo de una dotación mayor de plantilla». La memoria del ministerio público de Ourense no deja lugar a dudas sobre la situación en la que, a entender de esta parte, se encuentra el equipo de investigadores. «Es justo reconocer que los funcionarios adscritos a esta unidad realizan su trabajo con plena dedicación y a plena satisfacción de la Fiscalía, pero con un sobreesfuerzo que es patente y que en no pocas ocasiones hace que se quiera abarcar tantas actuaciones que no sea posible atenderlas todas debidamente, pese al celo con el que se realiza el trabajo», recoge la memoria, rubricada por el fiscal jefe, Florentino Delgado Ayuso.
Esa escasez de personal estaría obligando a que los agentes tuviesen que multiplicar esfuerzos para poder afrontar las tareas investigadoras que se les encomiendan, algo que también menciona el informe. «La escasez de funcionarios obliga a una ubicuidad que sorprende al que conoce la situación», mantiene el dosier, que asegura que el problema tiene su origen en que hay plazas de la plantilla del servicio que no se cubren desde hace años. «Existen plazas de la unidad que no han sido cubiertas de forma estable desde el año 2006, una de ellas de suboficiales. A lo anterior se une la absoluta necesidad de crear un equipo de policía judicial en la compañía de Ourense, puesto que la unidad soporta el abundante flujo de asuntos de los extrarradios de la ciudad, amén de las zonas de Carballiño y Ribadavia», explica.
Advierte el informe fiscal que «de atenderse estas necesidades, la efectividad de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, nos atrevemos a decir que crecería exponencialmente», instando así a que se den los pasos necesarios para ampliar el personal.
La memoria de la Fiscalía de Ourense es una recopilación de datos, pero también supone una reflexión sobre los medios y el personal destinado en las fuerzas de seguridad del estado.
Agentes forestales
En este sentido se recogen apreciaciones sobre el trabajo que, desde la aprobación de la Ley de Montes del 2006 realizan los agentes forestales, quienes ahora tienen rango de policía judicial. «La dependencia absoluta de los agentes forestales respecto del órgano administrativo, la consellería do Medio Rural, ha creado cierto desconcierto en el propio cuerpo y en la consellería», asegura el informe, en el que se recogen los intentos realizados por la Fiscalía para clarificar cual es el funcionamiento básico y cuáles son las tareas de estos profesionales.
Ante esta situación, habría carencias de formación de los agentes en materia investigadora. «La clarificación jerárquica en su actuación, el aseguramiento de criterios de independencia, la determinación de un responsable del servicio con la categoría de policía judicial y no un mero funcionario administrativo son aún tareas pendientes para dar una configuración propia, sin la cual el ejercicio de sus funciones quedará seriamente comprometido», advierten desde la fiscalía ourensana.