Censuran la «ingeniería antijurídica» para tergiversar la nulidad del PXOM
29 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Xunta de Galicia deberá estar al tanto del contencioso que enfrenta al Concello de Ourense con los ex propietarios de los terrenos de O Couto que fueron expropiados para la construcción del futuro edificio judicial. Un decreto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 dictado con fecha del pasado martes, 24 de mayo, ha supuesto la admisión a trámite de la demanda y particularmente, como pedían los autores del recurso, que se oiga a la Xunta y al Concello, en cuanto administración demandada.
El contencioso que mantienen estos propietarios contra el Concello de Ourense, al estar disconformes con el modo en que se ha liquidado la expropiación, muy por debajo de sus expectativas económicas, se ha visto significativamente alterado por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Los particulares contrarios a la expropiación atribuyen al Concello de Ourense una «ingeniería fáctica antijurídica para eludir el cumplimiento de una sentencia firme que declaró la nulidad del PXOM y, en consecuencia, la expropiación, incluida la determinación de justiprecio y demás actos expropiatorios». En el mismo paquete de presuntas irregularidades incluye el letrado José Manuel García Sobrado los asientos registrales y catastrales, así como los acuerdos municipales más recientes que afectan a este asunto, incluida la licencia de obra.
En zona verde
En el último escrito enviado al juzgado por estos propietarios se resalta que las distintas administraciones están tomando acuerdos pese a conocer la anulación del PXOM y su efecto en expedientes como la construcción del edificio judicial.
El ayuntamiento, se afirma en el escrito, «acuerda que se proceda a la construcción de dos edificaciones de gran envergadura sobre terreno declarado zona verde, de acuerdo con la normativa del vigente Plan General de Ordenación Urbana del 1986, para posteriormente legalizar por la vía de la recalificación urbanística el terreno sobre el que se habría construido ilegalmente». Se trata, dicen, de una «pantomima», pues «los acuerdos se toman para soslayar el cumplimiento de la sentencia que ha declarado nulo el PXOM; mejor dicho, para incumplirla de modo manifiesto y ello a sabiendas de que ya se está llevando a cabo la elaboración de un nuevo planeamiento por parte del ayuntamiento: esa es una perversión del sistema manifiesta».
Al pedir que se anule el procedimiento de expropiación, los ex propietarios aluden de forma expresa a la «tergiversación», por parte del Concello, de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el PXOM.