El Concello debe responsabilizarse de futuros problemas
02 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los conselleiros de Presidencia y Sanidade, Alfonso Rueda y Pilar Farjas, aseguran que el gobierno gallego mantiene los compromisos de inversión para construir en Ourense un nuevo edificio judicial y el centro de salud para el barrio de O Couto. No obstante, en un escrito enviado al alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, los conselleiros hacen notar que la Xunta precisa que el Concello ponga a su disposición los terrenos y que lo haga, además, con todas las «garantías xurídicas».
El gobierno gallego considera necesario que por parte del Concello de Ourense se adopte un acuerdo en el que la administración local asuma, de manera expresa, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse si, una vez adjudicadas las obras, apareciesen problemas legales sobre la titularidad de los terrenos o la viabilidad de su cesión.
La reclamación de estas salvaguardas por parte de la Xunta es consecuencia de la situación litigiosa que enfrenta a los titulares de los terrenos expropiados con el gobierno municipal.
Aun cuando desde el Concello se envió a la Xunta una comunicación en la que se daba cuenta de la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa de las parcelas, que la administración local quiere ceder para que sobre ellas construya la Xunta el edificio judicial y el centro de salud, el gobierno gallego quiere más garantías.
La Xunta apela a la urgencia y la agilidad, para que se esclarezca lo que califican de horizonte temporal de la puesta a disposición definitiva de los terrenos.
En la misma comunicación dirigida al alcalde de Ourense, los titulares de las consellerías de Presidencia y Sanidade piden información sobre la interposición de un nuevo contencioso por parte de los titulares de los terrenos, en contra de la aprobación definitiva del expediente de expropiación por acuerdo del pasado 30 de diciembre, una vez solventadas las deficiencias de trámites que obligó a corregir una sentencia del pasado 29 de septiembre del 2010.
Esa resolución de septiembre había llevado al gobierno gallego a paralizar la adjudicación de las obras del edificio judicial, cuando ya el proceso se encontraba muy avanzado, prácticamente pendiente de que la mesa de contratación emitiese su dictamen y la Xunta de Galicia formalizase la designación de la firma que construirá esta necesaria infraestructura.
Los titulares de los terrenos expropiados no solo han acudido al ámbito de lo contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal, sino que, en la defensa de sus intereses, también han presentado un pleito de carácter civil para discutir la titularidad de las mismas fincas en el momento anterior al trámite de la expropiación. Sus acciones van encaminadas a obstaculizar la expropiación y obtener más rentabilidad por los terrenos afectados.