Es el tema estrella en todos los informativos y el titular que abre todos los periódicos. No es de extrañar, porque el pulso que los controladores le han echado al Gobierno y, por extensión, a toda la sociedad no tiene precedentes en democracia. Por eso se tomaron medidas que tampoco habían sido tomadas nunca, como la militarización de los aeropuertos. Incluso a pesar de la amenaza de acusarles de un delito de sedición, penado con varios años de cárcel, muchos huelguistas insistieron en su actitud. Esto, además de una irracionalidad que llega a límites difícilmente explicables, denota una chulería desquiciante y un desdén desmedido por el orden constitucional.
Quizás el deterioro que en los últimos tiempos ha sufrido la imagen de la Justicia haya contribuido. Los controladores que de madrugada se agazapaban en un hotel de Madrid seguramente no habrán oído hablar nunca de Calvos de Randín, pero sí de otros casos en los que personajes públicos acaban escapando de la acción de la Justicia con maniobras más que cuestionables. Sea o no justificada la moción de censura que en el 2008 se presentó contra el regidor de Calvos, en ningún caso tiene lógica que hayan pasado casi dos años y medio desde entonces y no se haya podido debatir aún. ¿Dónde está la democracia?
Pues bien, igual que los controladores, el alcalde, el socialista Aquilino Valencia, parece no tenerle miedo a la Justicia. Hace más de dos meses que un auto judicial le ordenaba la ejecución forzosa de la sentencia que manda repetir el pleno frustrado en el 2008. Tenía un plazo de quince días que ha vencido ya varias veces, pero la sesión plenaria sigue sin celebrarse. La jueza, después de tantas dilaciones, lo llamó para notificarle el fallo judicial en persona y, al igual que los controladores, el regidor alegó una baja médica. Quizás, como se hizo con ellos, hagan falta medidas excepcionales para que también en Calvos vuelva a imperar la ley y la Justicia.