En un principio los directivos de las dos cajas gallegas mostraron firme resistencia a fusionarse argumentando que lo suyo era continuar por separado ya que en ambos casos tanto la dimensión como los resultados y la gestión eran inmejorables. Después hubieron de escuchar a regañadientes las reiteradas advertencias del Banco de España y soportar con forzada sonrisa la intervención del presidente de la Xunta impulsándolos al matrimonio por ser de gran interés para Galicia. Y por fin parece ser que, olvidados los argumentos en defensa de la soltería, se consumará el casorio sin que Ourense y la que fue su Caixa figuren ni en el recuerdo.
Iniciado el proceso de fusión observamos que las cúpulas de ambas instituciones encuentran fácil acoplamiento de forma que todos los directivos seguirán mandando sin bajar peldaños mientras que, en contraste, nos anuncian, como inevitable y fundamental para la viabilidad del ente resultante, el cerrar 300 oficinas prescindiendo de 1.200 funcionarios. A cualquiera se le ocurre pensar que si la rentabilidad de la nueva caja fruto de la fusión depende, y parece que no hay duda, de que desaparezcan de la nómina 1.200 trabajadores está claro que ambas las dos no debían estar muy bien dimensionadas, aunque de ello ni se habla ni parece que existan responsables.
Con esta fusión Galicia consolida esta parte de su sistema financiero. Está claro que a nivel directivo no habrá damnificados y es de esperar por ser de justicia que el personal excedente alcance los acuerdos precisos para no salir perjudicado. La operación tiene un coste fácil de valorar y que habrá que asumir contando con el apoyo de los préstamos procedente del FROB. Pero el verdadero costo no valorable en euros e imposible de restituir es que Galicia ha perdido para siempre y en el peor momento 1.200 puestos de trabajo.
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