Detectan inexactitudes en el registro del solar para nuevo edificio judicial
OURENSE
Pendientes de que el juzgado de lo contencioso-administrativo resuelva una reclamación de nulidad contra las expropiaciones del solar donde se ubicará el nuevo centro de salud y edificio judicial en el barrio de O Couto, entre las calles Castro Canseco y Bispo Lourenzo (antes, prolongación de Velázquez), uno de los particulares afectados por las expropiaciones ha advertido y denunciado un presunto error. Se trata, según dice, de una supuesta inexactitud e imprecisión cometida por el Concello de Ourense en el proceso que condujo a la inscripción de la finca sobre la que se proyecta el edificio en su día presentado como «cidade da xustiza» y ahora rebajado en su denominación formal a «novo edificio xudicial».
A punto de resolverse, según las estimaciones de las partes, el contencioso judicial que pretende la nulidad del proceso de expropiación en base a que supuestamente no se dio participación a la totalidad de los titulares de las parcelas afectadas, y aparte de que la valoración está cautelarmente recurrida en el Jurado de Expropiación, el conflicto entra en una nueva vía. Cerrada la expropiación por parte de la administración local y formalizada en el Registro de la Propiedad la inscripción del terreno a favor del Concello de Ourense de las dos fincas donde la administración promueve equipamientos públicos, un particular ha pedido al Registro que se rectifique esa inscripción. De prosperar la reclamación, presentada esta misma semana en el Registro de la Propiedad número 1, el procedimiento para la construcción del nuevo edificio judicial podría verse afectado.
De ocho a dos fincas
El Concello de Ourense, según explica el abogado José Manuel García Sobrado, ha hecho una agrupación de ocho fincas para obtener el terreno delimitado por las traseras de la calle Remedios, con Castro Canseco y Bispo Lourenzo. El objetivo de la expropiación era obtener terrenos para el edificio judicial y el nuevo centro de salud en el barrio de O Couto. Primero se agruparon las ocho y luego se hizo una segregación para dejarlas en dos, según su destino.
La irregularidad se produce, de acuerdo con el escrito al Registro, al haber «generado ficticiamente otras fincas que forman parte integrante de la 29.413», de la que es copropietario el denunciante. Como consecuencia de ello, el asiento de tres de las fincas «se basa en datos inexactos y en títulos ineficaces para producir la inscripción, en lo que afecta a la finca» del recurrente.
La denuncia se ha planteado a los pocos días de que el Diario Oficial de Galicia publicase la convocatoria de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI-Galicia S.A.), por la que se anunció la licitación del contrato armonizado de la obra de construcción del «novo edificio xudicial de Ourense», según figura en la resolución publicada el jueves de la pasada semana. La maqueta del proyecto fue presentada por la Xunta el pasado mes de octubre.
El presupuesto base de licitación alcanza los 18,4 millones de euros, incluyendo 2,5 de IVA. La convocatoria indica que el licitador deberá mantener su oferta durante cuatro meses; fija la fecha del 18 de agosto como tope para la presentación de ofertas y la del 19 de octubre para la apertura de oferta. El plazo de ejecución señalado en la misma resolución es de treinta meses, con lo que, de cumplirse los ritmos previstos, en el año 2013 podrá estar en funcionamiento.
El nuevo conflicto planteado por este particular muestra, por otra parte, que el Concello de Ourense ha formalizado la inscripción a nombre de la administración local, sin que conste la cesión formal de terrenos a la Xunta de Galicia, o a la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia S.A., para llevar adelante esta acción.