La concejala de urbanismo dejó ayer claro que en este asunto, como en cualquier otro, el Concello de Ourense adoptará la decisión que resulte menos gravosa para las arcas municipales. La perspectiva de abrir la vía penal, para exigir eventuales responsabilidades a los anteriores gestores municipales, la descartó la concejala en la medida en que esa acción pudiera acabar repercutiendo en más responsabilidades patrimoniales del Concello de Ourense. Áurea Soto, sin dejar de reprochar al PP sus críticas por el aumento de personal y contrataciones externas en el área de urbanismo, calificó de «llamativo» que se hubiese concedido el aumento del fondo de edificación cuando ya estaba hecha la estructura del edificio. «A lo mejor podrían haber entendido que estaba bien, pero tendría que haberse defendido bien técnicamente, y no encontramos nunca esas defensas bien hechas en los procedimientos», dijo. Profundizó la concejala en esa misma línea, aludiendo a una conversación con miembros de otra comisión, en este caso en la Diputación. «Decía uno de los que estábamos en las comisiones que los problemas judiciales quedarían en muchos casos bien resueltos si se defendían bien desde las propias administraciones». Quizás en defensa de los criticados refuerzos de personal, apuntó que «casi todos los asuntos judiciales vienen derivados a que no hay soporte técnico y jurídico en las propias administraciones. En el momento en que esté bien cubierto, quedaría bien defendido. En muchos casos es así y es lo que estamos intentando hacer».