La querella del fiscal por prevariación y falsedad documental pone bajo sospecha la gestión del bipartito ourensano en un asunto que conducía a un negocio millonario
31 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Tras una larga y metódica investigación, en algún caso con apoyo de la Guardia Civil, el fiscal jefe de Ourense ha encontrado indicios de delitos de falsedad continuada y prevaricación en la trama de los paneles publicitarios. El fiscal señala como querellados al teniente alcalde del BNG y su antecesor, Andrés García Mata y Alexandre Sánchez Vidal; el director general de Turismo, también designado por el Bloque, David Cortón Lamelas, el funcionario Elías Domínguez Prieto y los empresarios Daniel Conde Campos y José Omar Bouzo Díaz.
1 ¿Qué ocurrirá ahora?
Turnada la querella desde el decanato y abiertas las correspondientes diligencias previas en el juzgado de instrucción al que ha correspondido el caso, el juez cita ahora a declarar a los querellados en calidad de imputados, de acuerdo con la petición del fiscal. Tendrán ocasión de explicarse. Asistidos de abogado. Juez, fiscal y defensa podrán pedir y aportar más pruebas y, llegado el momento, a los primeros corresponderá determinar el alcance de los indicios.
2 ¿Por qué intervino el fiscal y presenta la querella?
El caso llegó a su mesa en diciembre del 2008 por una denuncia del grupo municipal del PP, que buscó amparo en la Fiscalía después de que la mayoría PSOE-BNG impidiese que el asunto fuese objeto de una investigación interna en el Concello de Ourense.
3 ¿A qué conclusiones ha llegado el fiscal?
De acuerdo con la querella, Sánchez Vidal y Cortón Lamelas convinieron con Conde Campos y Bouzo Díaz un «plan conjunto» para que estos últimos creasen una empresa que sería la adjudicataria de la explotación de distintos paneles publicitarios en la vía pública, para lograr cuantiosos beneficios, sin dar opción a la concurrencia de otras empresas. El fiscal detalla en su querella cómo se recreó artificialmente un expediente, con fechas falseadas, para dar cobertura a la maniobra cuando ya se habían iniciado las obras en la vía pública y el asunto debía ser aprobado en junta de gobierno local en octubre del 2008. Se simularía incluso la petición de presupuestos y ofertas a otras dos empresas, para dar apariencia de que se había seguido un procedimiento negociado y sin publicidad. El ex teniente alcalde, Sánchez Vidal, había firmado un contrato-convenio con Afiador Producción S.L., con fecha del 4 de febrero del 2008, (anterior a la constitución de la empresa y cuando aún no tenía CIF), al que ahora se aferra la sociedad en su reclamación económica al Concello.
4 ¿Qué papel representa el actual teniente alcalde en un asunto que gestionó su antecesor en el cargo?
Era edil de Infraestructuras cuando, sin tener competencias, concedió visto e prace al inicio de las obras. El fiscal cree que era conocedor de la trama al tomar aquella decisión.
5 ¿Y el funcionario?
En su condición de jefe de servicio de Comercio e Turismo, a las órdenes de David Cortón, el fiscal mantiene que Elías Domínguez intervino en la recreación del expediente municipal, con resoluciones fechadas de manera fraudulenta para dar cobertura a la actuación.
6 ¿Pueden aparecer más responsabilidades penales?
Si. De hecho, aparte de las seis personas citadas con nombres y apellidos, el fiscal también señala como querellados «cualesquiera personas o cargos» que aparecieran como corresponsables durante la instrucción, fase que ahora comienza.
7 ¿Cómo es posible que entre finales del 2007 y octubre del 2008 se hubiese gestado este asunto sin que se enterasen ni en la Alcaldía, o en las áreas socialistas?
Por la forma en que se pactó el gobierno local, formándose un bipartito con un rígido y estanco reparto de competencias. En aquella etapa, cada grupo preparaba sus temas, los llevaba a junta de gobierno y se aprobaban sin más. La mutua confianza se quebró a raíz de que se conociesen las interioridades de este caso. Al alcalde incluso se le había ocultado un informe de la Policía Local, sin que en un pleno, cuando la oposición preguntó por él, sus socios aportasen dato alguno. El alcalde solo logró verlo, tras confirmar su existencia con el jefe de la Policía Local, cuando lo pidió por escrito a la concejala Ana Garza Cortiñas, responsable política del área donde prestan servicio los querellados David Cortón y Elías Domínguez Prieto.
8 ¿Es previsible que este caso tenga repercusiones políticas dentro del gobierno municipal, o en las relaciones entre los socios del bipartito?
De entrada, no, aunque han aumentado los recelos. El alcalde, toda vez que en febrero comenzarán a declarar querellados y testigos, tiene la esperanza de que la instrucción judicial avance con rapidez. En el supuesto de que se concretase la imputación de delito a Andrés García Mata, o a David Cortón, BNG y PSOE se verán forzados a reconsiderar el pacto de gobierno.
9 ¿Tendrán las diligencias penales algún efecto en el contencioso-administrativo planteado por la empresa Afiador, que exige el cumplimiento del contrato firmado por Sánchez Vidal o, en su caso, una indemnización millonaria?
Los asuntos penales tienen prioridad. No es seguro que se paralice el contencioso. El Concello, en cualquier caso, ha declarado nulo aquel convenio, por lo que al no sentirse vinculado a él, tampoco acepta el pago de indemnizaciones. La dimisión de Sánchez Vidal, en mayo del 2009 y cuando el fiscal ya había iniciado la investigación, ha evitado al ex líder del BNG pasar por el mal trago de ver cómo sus propios compañeros de grupo lo desautorizaban.