La corporación de Barbadás daba ayer el visto bueno, con la unanimidad de todos los grupos, a la aprobación definitiva del reglamento que a partir de ahora regirá la colocación de antenas de telefonía móvil en el municipio, con lo que se convierte en el primero -fuera de la capital- en disponer de esta normativa.
El acuerdo unánime no estuvo, sin embargo, exento de debate político. La oposición aprovechó para recordar las movilizaciones vecinales al grupo de Gobierno, lo que a entender de socialistas y nacionalistas motivaron la decisión de crear la normativa, y para achacar al equipo de Freire Couto «falta de interés» por atajar esta problemática.
En este sentido, el BNG recordó sus intervenciones, propuestas y mociones planteadas al pleno antes de que apareciese la primera instalación polémica en la avenida de Celanova, y el PSOE, que insistió en la «insensibilidade» del PP con la problemática preguntó si se había investigado la denuncia que plantearon sobre una instalación sospechosa en el centro comercial. El regidor, por su parte, recordó que ninguna de las antenas colocadas está funcionando «porque o concello fixo o que tiña que facer, tan pronto soubo delas, e ordeou o corte da luz», y aseguró que «polo que sabemos a do centro comercial non é de telefonía». Freire Couto matizó además que la ordenanza siguió los pasos legales oportunos y se aprobó «no seu momento». Por cierto que el último requisito, la revisión de las alegaciones presentadas a la normativa, concluyó también ayer en el pleno.
La corporación decidió incluir las modificaciones propuestas por el BNG, rechazando la presentada por la compañía Vodafone y aceptando también la presentada por la Asociación de Radioaficionados para que este reglamento no incluyese las antenas utilizadas habitualmente por el colectivo.
La nueva normativa establece también tres perímetros restrictivos en cuanto a zonas sensibles: uno de 800 metros, otro de 400 y uno más de tan sólo 100 metros.
Sin embargo no prosperó la propuesta de un servicio de asistencia jurídica a los vecinos que no estuviesen de acuerdo con sus comunidades de propietarios en estas instalaciones.