El fiscal pide cárcel para un sindicalista por coartar el derecho al trabajo

?arlos Vázquez, sindicalista ourensano miembro de la Confederación Intersindical Galega, volvió a sentarse ayer en un banquillo de acusados, esta vez en la sala de vistas de la Audiencia provincial de Ourense, para responder por un delito de daños y otro contra los derechos de los trabajadores, de los que le acusa el ministerio fiscal. Vázquez ya había sido juzgado este mismo año por los mismos hechos en el Penal número dos, cuya magistrada le considero culpable del delito de daños -al responsabilizarlo de la rotura de la puerta de un establecimiento comercial durante la huelga general del 20 de junio del 2002-, e inocente del delito contra los derechos de los trabajadores, por considerar que no existían evidencias suficientes que demostrasen que Carlos Vázquez, con insultos y amenazas, impidiera que los empleados de la tienda Pidolti pudieran desempeñar su trabajo. Ayer, y después de que el ministerio fiscal presentase recurso contra el primer fallo y de que la propia CIG hiciera lo mismo, acusación, defensa e imputado volvieron a verse las caras, aunque esta vez ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia provincial, presidido por la magistrada Ana Blanco Arce. Todos los testigos se mantuvieron en las declaraciones que ya realizaran, incluido el acusado Carlos Vázquez, quien relató que el 20 de junio del 2002 formó parte de un piquete informativo que, hacia el mediodía, llegó al centro comercial Pontevella. Vázquez aseguró que tan sólo informaron a los empleados de Pidolti sobre la huelga y que en ningún momento los amenazaron para que cerrasen. Respecto a la rotura de la puerta, el sindicalista aseguró que fue consecuencia del tumulto general y de la fuerza que hizo todo el piquete «que estaba empujando hacia delante». En contra de esto, dos empleados del establecimiento lo señalaron a él como la persona que «empujaba la puerta». También recordaban haber oído insultos y gritos de «esquiroles, dejad ya el trabajo». Ya en las conclusiones, el ministerio fiscal volvió a reclamar que el imputado sea condenado por los dos cargos, interesando tres años y un día de prisión por el delito contra los derechos contra los trabajadores y siete meses de multa por el de daños. Contrariamente, la defensa solicita la libre absolución por los dos delitos, asegurando que la rotura de la puerta fue algo «accidental». Además, el letrado negó que se hubiese coartado el derecho al trabajo de los empleados, dado que la policía autonómica estaba en el lugar, y recordó que decir «esquirol» no es insulto, sino un término recogido en el diccionario.

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