El organismo desaprueba el sueldo de Enrique Carpintero y advierte sobre ilegalidades El funcionamiento de la institución municipal en Bande incumple las leyes de régimen local
13 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l Consello de Contas de Galicia ha hecho públicos sus informes referidos a los años 2002-2003 y éstos, en el caso de cuatro concellos ourensanos, han detectado graves y reiteradas irregularidades e ilegalidades en la actividad municipal en los ayuntamientos de Cortegada, Bande, Porqueira y A Bola. En el caso de los dos últimos, las alcaldías cambiaron de titular en las municipales del año 2003. En el caso de Cortegada el Consello detecta que no se somete la actividad al régimen de contabilidad pública, que no se rinde la liquidación de cuentas generales -ilegalidad de la que se responsabiliza a la Secretaría-Intervención y al propio alcalde-, falta documentación -y se adjunta y aprueba tardíamente- referida a los presupuestos, el libro de actas no se elabora con respecto a lo que marca la ley y no existen mecanismos de control de la actividad municipal, tampoco existen actas de arqueo y la relación de deudores y acreedores, entre otras deficiencias detectadas por el Consello de Contas. En el caso del Concello que preside Enrique Carpintero, el de Cortegada, tampoco existe registro de personal, cuadro de personal, relación de puestos de trabajo y los expedientes personales no están completos ni actualizados. Carpintero cobró en el 2003 un total de 6.411,51 euros por asistencia al Concello para realizar «asuntos personales». El acuerdo incumple la ley de Réxime Local y se han detectado irregularidades en lo referido al IRPF y la Seguridad Social. El Consello de Contas también denuncia el proceso seguido para incorporar a personal sin la preceptiva oposición con igualdad y concurso de méritos. Urbanismo en Bande En el caso del municipio que gobierna Amador de Celis se detectan graves irregularidades en lo referido a no adaptar el funcionamiento interno a la contabilidad legal, las subvenciones se conceden sin control ni concurrencia pública, las contrataciones se hacen de forma irregular, el asesoramiento urbanístico por parte de personal externo también se cuestiona por el Consello de Contas, así como las injustificadas operaciones de crédito que se renuevan constantemente.