Las facturas duplicadas de un ingeniero causaron la demanda ante el Tribunal de Cuentas La oposición pide nueve años de inhabilitación y 68 meses de prisión para Solarat
05 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?Los demandados -José Vicente Solarat, alcalde de A Rúa, y José María Sorribes, ingeniero municipal- se apoderaron continuamente de dinero perteneciente al Ayuntamiento de A Rúa de Valdeorras». Así de contundente es la demanda presentada este mismo lunes en nombre del portavoz del PP ante el Tribunal de Cuentas. La denuncia, consecuencia de la reciente reapertura del caso, se refiere al cobro por parte de Sorribes de facturas duplicadas. El técnico habría recibido dos veces sus honorarios por la redacción de varios proyectos, una por parte de los contratistas y otra por parte del Ayuntamiento. La cantidad presuntamente defraudada al Concello de A Rúa asciende a 33.191,75 euros, correspondientes a los pagos efectuados en el año 2002 en relación a varias obras. Detectada esta situación en su momento por la secretaria municipal se llegó a la solución de compensar ese dinero pagado de forma presuntamente irregular con otros proyectos todavía sin cobrar por Sorribes. Aún así, «no se ha aportado documento alguno o justificante que acredite la pretendida compensación [¿] sino todo lo contrario», asegura la demanda. Embargo y revisión Por todo ello, el letrado del PP solicita que se dicte sentencia obligando al alcalde y al ingeniero a devolver los 33.191,75 euros a partes iguales. Para garantizar ese pago se pide como medida preventiva que se acuda al embargo de vienes de los demandados. Aunque esa cantidad -más sus correspondientes intereses- es la que solicita en un primer momento, el abogado del portavoz del PP insiste en una petición ya realizada anteriormente, que se revisen todos los ejercicios contables desde el año 1988. En ese momento fue cuando comenzó la relación entre el Concello de A Rúa e Isnor, empresa que representa José María Sorribes. Según la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas, antes del año 2002 se produjeron «hechos idénticos». «Es más, si estuviéramos en el procedimiento penal, aplicaríamos la figura del delito continuado», concluye el abogado en su argumentación. Delitos De todo ello se desprenden las acusaciones de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. «Ningún ordenamiento jurídico puede soportar que con cargo al dinero se todos se produzcan pagos a servidores públicos basados en la duplicidad, falsedad y desproporción que aquí concurren», concluye de forma contundente el letrado contratado por el PP, Javier Vasallo. De ser asumidos los argumentos del abogado por la Justicia, el alcalde de A Rúa se enfrentaría a penas de cinco años y ocho meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta para el desarrollo de cargos públicos, según precisa la demanda. El texto presentado ante el Tribunal de Cuentas por el portavoz del Partido Popular, Avelino García Ferradal, se completa con casi cien páginas de sentencias que, en similares circunstancias, daban la razón a los denunciantes.