La Justicia paraliza la orden de derribo de los edificios de la rúa do Bierzo

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Un auto insta al Concello a que no ejecute la demolición mientras no haya sentencia firme El juzgado estima en parte las razones expuestas por los propietarios contra la decisión municipal

13 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.

?l medio centenar de propietarios de las viviendas de dos edificios de la rúa Bierzo podrán respirar tranquilos después de que se emitiese una resolución judicial que suspende una orden municipal que ordenaba el derribo de ambos inmuebles. Un auto del juzgado contencioso administrativo número uno, emitido el pasado 22 de junio y comunicado esta semana al Concello acuerda suspender la orden de demolición decretada por la junta local de gobierno del pasado 16 de febrero y en la que se daba a la constructora del edificio un plazo máximo de dos meses para tirar las citadas edificaciones. La orden municipal se basaba en que no se ajustaban a las condiciones establecidas en las licencias otorgadas en julio y octubre del año 2000 y se había constatado la existencia de irregularidades en su construcción «que hacen imposible su legalización». Aquellas anomalías se referían a que los dos edificios invadían por unos centímetros la vía pública, tenían un exceso de volumen de edificación y la cubierta tampoco se atenía a la licencia concedida. Razonamientos Lo que hace el auto dictado por el juzgado contencioso administrativo es suspender el acuerdo municipal no porque cuestione la situación en la que se encuentran los inmuebles, sino porque todavía la Justicia no se ha pronunciado en los diversos recursos que se han presentado. A este respecto, el texto de la resolución cita expresamente que «de ejecutarse el acuerdo impugnado se estaría creando una situación jurídica irreparable», por lo que señala que «ha de evitarse en tanto no exista sentencia firme». Es decir, mientras no se resuelvan los contenciosos todavía pendientes y que tratan de dirimir las partes enfrentadas en este conflicto, el juzgado estima que no procede llevar adelante la orden de demolición. El auto ahora dictado se produce después de que el 10 de marzo la representación legal de la comunidad de propietarios presentase un recurso contra el acuerdo de la junta de gobierno que instaba a la constructora a tirar los dos edificios. Los propietarios también habían solicitado al Concello que admitiese una alegación contra la misma orden.