?inco centros educativos de la capital ourensana están viviendo una situación dificil de creer. En las mesas de los despachos de dirección de estos colegios de infantil y primaria se encuentran desde hace algunos días unos escritos en los que se les anuncia el embargo de bienes inmuebles por el impago de los cánones de agua y saneamiento. Quienes remiten dichos escritos son las Consellerías de Hacienda y Medio Ambiente, y lo curioso del asunto está en que su actuación se dirige contra la propia Administración, ya que la titularidad de los centros públicos recae en la Consellería de Educación. La sorpresa no procede, sin embargo, de estos días. Los recibos para el pago de los conceptos se recibieron hace ya algunos meses en los colegios, aunque no era a ellos precisamente a quien debían estar dirigidos. Al estar ubicados dentro de la capital ourensana, el gasto del agua y del saneamiento corre a cuenta del Concello de Ourense. Sin embargo, éste no se dio por aludido, al no haber recibido las cartas oficiales, ante las reclamaciones realizadas desde los colegios afectados, con lo que nadie se hizo cargo de abonar el dinero reclamado. La situación se ha ido alargando en el tiempo sin que nadie haya intermediado, pero ahora los requerimientos ya no son de dinero, sino que se ha pasado al embargo. Aunque legalmente los bienes de los centros, al ser públicos, no se pueden embargar, desde la delegación provincial de Educación han recomendado a los colegios que realicen escritos de alegaciones. El problema ha sido calificado desde el BNG de Ourense como «un asunto de descoordinación», pero ya han anunciado que su grupo parlamentario tomará cartas.