En directo | Juicio en la Facultad de Derecho El campus ourensano acogerá hasta la próxima semana la vista oral del caso Galo II, de narcotráfico, al cual asisten los universitarios como parte de su formación
06 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.De profesor ejerció ayer el presidente de la Audiencia, Jesús Cristín. Lo hizo ante un buen número de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Para algunos era la primera vez que asistían a un juicio. Lo primero que escucharon del magistrado transformado en docente fue un canto a la presunción de inocencia y la advertencia de que seguramente iba a ser un juicio pesado. Casi siempre lo son, es verdad, pero, en este caso, su relativa permisividad, particularmente con los acusados y con el público, sumada a la variedad de perfiles que ofrecieron los acusados, hizo que la vista resultase mediamente amena. Y si la presencia de dieciséis acusados, con nueve abogados defensores, hacía presumir una vista incómoda, inevitablemente farragosa, la realidad fue diferente. Puede haber reiteración en las preguntas, «que trataremos de cortar», había anticipado Cristín Pérez a los estudiantes, pero casi no tuvo ocasión de ejercer. Los abogados colaboraron en buena medida al éxito de la función: tan comedida fue su actuación que el propio presidente, a punto de levantar la sesión y cuando informaba sobre la previsión para los próximos días (acusados, testigos, peritos e informes), dejó caer algo parecido a un lamento por el error de previsión, que lo llevó, a renglón seguido y en el mismo tono didáctico dirigido al público, a anticipar que sería más flexible con los letrados en jornadas sucesivas. Experiencia La vista, al margen de la experiencia y lo que de práctico haya tenido para la formación de los estudiantes, permitió ofrecer un variado muestrario de perfiles entre los acusados, muy alejado de la uniformidad que se podía presumir en una supuesta banda dedicada al narcotráfico, como la que ahora muestra el ministerio público en sus conclusiones, o la que en su día presentó la policía cuando cerró la llamada Operación Galo II. Habrán podido comprobar quienes seguramente aspiran a ejercer como abogados que ningún acusado admite las imputaciones y que se discute todo, desde la legalidad de los pinchazos telefónicos hasta las voces en las grabaciones de las conversaciones. Ni siquiera éstas se reconocen como propias. De momento.