Una condena de la Audiencia Provincial, que en marzo pasado imponía a un vecino de Beariz ocho meses de prisión que, de acuerdo con la sentencia, se iban a sustituir por su internamiento en un centro apropiado a su estado mental, ha acabado con el implicado en la cárcel. De poco ha servido la insignificancia de los daños, pues apenas afectó el fuego a 0,2 hectáreas de matorral. Jesús Ángel Olivares, de 26 años, prestó entonces conformidad a una pena que, aparte de la prisión, incluía una multa de 438 euros (doce meses a razón de 1,2 euros diarios) y el pago a la Xunta de Galicia de una indemnización de algo más de 500 euros, correspondiente a los gastos ocasionados a los servicios de extinción de incendios. No pagó. Y como la propia sentencia contemplaba esa posibilidad y la sustitución de la multa por seis meses de prisión, este joven vecino de la localidad de A Bouza, en Beariz, no ha podido evitar el ingreso efectivo en Pereiro. Retraso mental El suceso que dio pie a la acusación contra Jesús Ángel ocurrió el día 12 de septiembre de 1999. Ese día se produjo un incendio en el monte A Gaberra, de Beariz. Lo provocó él, o, al menos, aceptó que lo había hecho antes de someterse a juicio. Utilizó tres cerillas y el fuego no pasó de 0,2 hectáreas, por lo que los daños, según se reconoció desde el primer momento, habían sido «nulos». Con posterioridad, al constatarse que padece un «retraso mental leve que determina un deterioro de capacidad para controlar determinadas respuestas inapropiadas», el ministerio fiscal y la Xunta de Galicia rebajaron su petición inicial de condena, al estimar que esa situación debía aplicársele como atenuante. El análisis de las circunstancias del caso, por parte de la acusación y la defensa, había evitado la convocatoria del jurado al que correspondía emitir el veredicto. Ni dinero ni trabajo Sólo con la mediación de la Guardia Civil había sido posible trasladar al acusado hasta la Audiencia de Ourense el pasado 7 de marzo. Estaba citado para el 26 de febrero, después de haber prestado conformidad al acuerdo a que su abogado había llegado, pero no se presentó. La segunda vez fue conducido por una dotación del instituto armado. Los agentes no sólo lo trasladaron desde su casa a Ourense, sino que, en un proceder humanitario, aguardaron a que la vista hubiese finalizado con el fin de llevarlo de vuelta a casa, dado que el implicado había dejado claro que no tenía dinero ni trabajo. Y ahora, meses después del juicio, en vez de haber pagado sus deudas con la justicia en un centro para enfermos mentales, como imponía la sentencia y él aceptaba, llega a la cárcel.