La administración justifica la construcción de un campo de fútbol en el ordenamiento aprobado por el PP El magistrado Somoza Castro debe decidir la vigencia de la venta de 1985
03 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El enfrentamiento entre la Xunta y Benposta por el destino de una parte de la finca de Seixalbo, particularmente por el polémico proyecto de construcción de un campo de fútbol, entró ayer en su fase definitiva. La celebración del juicio correspondiente al procedimiento civil iniciado por la Ciudad de los Muchachos en octubre del 2002, para exigir el estricto cumplimiento del contrato de compraventa del año 1985, deja ya en manos de la Justicia el futuro de cualquier intervención en la finca, bien sea la construcción de las instalaciones deportivas que pretende la administración autonómica, bien sea un conjunto de viviendas sociales, como reclama Benposta, que se aferra a la literalidad del compromiso adquirido en su día con el gobierno gallego. El juicio correspondiente a este asunto puso ayer de relieve la existencia de un muro impermeable entre las posturas que las dos partes defendieron ayer por medio de los abogados Fernando Otero Marquina y Manuel Bouzas, con el magistrado Somoza Castro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Intrucción número Tres, como árbitro. A este último corresponderá dictar una sentencia que, con toda probabilidad, acabará dando lugar a un primer recurso de apelación ante ante la Audiencia Provincial y a un segundo de casación ante el Tribunal Supremo. Y es que el abierto enfrentamiento entre las partes deja poco margen. Anacronismos El letrado de la Xunta, para quien las reclamaciones formales sobre servidumbres y la escritura misma de compraventa del solar resultan algo «anacrónico», centró su informe en hacer notar que cualquier decisión sobre el futuro y el destino de la finca está condicionado al planeamiento urbanístico vigente. La administración autonómica no ha puesto, según subrayó, obstáculo alguno a Benposta para que ésta pueda aprovechar el trozo de finca de su propiedad, ni siquiera en la parte donde se encuentra la gasolinera, que también fue segregada en su momento. El abogado de la administración amparó el proceder del gobierno gallego (que pretende destinar parte del solar de Benposta a canchas deportivas, incluyendo un campo de fútbol con capacidad para 10.000 personas) en el planeamiento urbanístico vigente, fruto de la reciente modificación que impulsó y aprobó el PP, con el visto bueno imprescindible del propio gobierno gallego. La Xunta, afirmó, no puede hacer nada más que lo que dispone el Concello de Ourense. Si esta parte, aseveró en su informe, pidiese licencia para hacer hacer viviendas sociales, el Concello diría que no, aventuró.