Difundió un auto judicial a sabiendas de que había sido dictado dos años atrás La defensa pide la absolución del regidor acusado de falsedad, fraude y malversación
05 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?on casi dos años de retraso difundió el BNG la decisión del juez de Trives de juzgar al alcalde del PP de Vilariño de Conso presuntos delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude ilegal. El auto del juez está firmado el 6 de junio del 2001 pero el BNG de Vilariño esperó hasta las elecciones para divulgarlo. En la copia del juzgado había manipulado la línea en la que se daba cuenta de la fecha para actualizar así la decisión judicial. El juicio referido no está todavía fijado por los complejos trámites que las partes implicadas presentan. Uno de los últimos lo ejecutó el abogado de Ventura Sierra, regidor de Vilariño. Argumenta la defensa significando que los hechos no constituyen un delito penal. En el escrito, dirigido al Juzgado de Trives, el pasado 26 de febrero, Explican que la corporación de Vilariño de Conso solicitó en abril de 1991 al Ministerio de Cultura una subvencion para ejecutar las obras de acondicionamiento e instalación del museo etnográfico. Este organismo aprobó la concesión de la ayuda el 28 de octubre del 91. La defensa reconoce que dado que las obras no se llevaron a cabo en el periódo fijado y exigido, el Ministerio de Cultura solicitó y «obtuvo por medio de una sentencia de la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso administrativo sección cuarta de 3 de febrero de 1999, el reintegro del importe de dicha subvención».Una ayuda que ascendía al equivalente a 90.151,82 euros. En este sentido se pide la absolución del regidor al que no se le considera responsable ni autor del delito que se le acusa. La defensa pide que en el juicio oral se interroguen entre otros, a la portavoz del BNG, Manuela González y al secretario del Concello, Gilberto Lago. Los abogados del otro acusado, el aparejador, José Antonio Rodríguez Blanco, enviaron su escrito de defensa al Juzgado trivés el 21 de febrero de 2003. En él se pide su absolución por considerar «inciertos e/o inexactos» los argumentos expuestos en la acusación y se dice que no intervino en los hechos tal y como se dice en la acusación.