La fiscalía entró en el caso Sugasa para pedir un informe tras un año de instrucción

PEPE SEOANE OURENSE

OURENSE

PILI PROL

El ministerio público quiere que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Norte concreten si ha habido contaminación Tras un año de mutismo, sin la más mínima intervención y sin acudir a una sola declaración, la fiscalía de Ourense se ha dejado ver en el caso Sugasa. Con la instrucción prácticamente finalizada, con miles de folios en las diligencias, la fiscalía se ha limitado a pedir una valoración por parte de dos técnicos de la Confederación Hidrográfica para determinar el alcance de la supuesta contaminación que la actividad de Sugasa provocó, a raíz de la acumulación de animales muertos y su destrucción en las instalaciones de Canedo con motivo de la crisis de las vacas locas. Reclama, además, que se termine de foliar la causa.

05 mar 2002 . Actualizado a las 06:00 h.

La ausencia de representación alguna de la fiscalía durante la instrucción de este asunto, iniciado a raíz de una intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, fue algo llamativo para las organizaciones que ejercen la acusación -CIG, Amigos da Terra y Adega-, pero las tres han matenido un respetuoso silencio. Que mantienen ahora. Ni un reproche en público. Al margen de la causa abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense, la fiscalia tuvo conocimiento simultáneo de la situación a raíz de una denuncia presentada por la CIG en las mismas fechas. Transcurrido un año desde que aflorara la irregular actuación en las instalaciones de Canedo, con vertidos incontrolados a un arroyo próximo, la fiscalía ha pedido que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Norte valoren los informes y análisis que aparecen incorporados a la causa. El ministerio público trata de concretar si, de esos análisis, se desprende la existencia de «algún tipo de contaminación (entre comillas, en el original) y de que clase, si es sancionable por el organismo en el que trabajan con una sanción administrativa, la supuesta contaminación, si es amparable en caso de contaminación por alguna licencia administrativa a favor del qu resulte contaminante y en caso de contaminación». Pregunta también la representante del ministerio fiscal que suscribe el escrito, si ello, (es decir, los vertidos) «afecta de forma grave al equilibrio de los sistemas naturales o a la salud de las personas y cualquier dato, o inciso, que quieran hacer constar al efecto los informantes en su dictamen». Una vez que el informe pericial sea conocido y valorado por las partes, tanto el imputado como las acusaciones, el juez deberá decidir si transforma el caso en procedimiento abreviado o archiva, en el supuesto de que no encontrase elementos suficientes para sostener una acusación por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.