El edil de O Barco considera que la sentencia sólo afecta a los estatutos y no al porcentaje de propiedad El alcalde de O Barco notificó ayer a los ediles Gonzalo Rodríguez y Antonio Hervella -promotor de la junta de compensación y representante del concello en la misma- la resolución del Supremo sobre la unidad de actuación número 4. Rodríguez considera que la revocación del acuerdo plenario de aprobación de los estatutos de la junta no le afecta en cuanto a porcentajes de propiedad. Dice que podrían elaborarse nuevos estatutos y llegar a un acuerdo con la familia Muradás para urbanizar los terrenos.
27 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Rodríguez Álvarez entiende que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo no le afecta en cuanto a porcentaje de propiedad en esta unidad de actuación. Él posee el 68% de los terrenos afectados, la familia Muradás -que tramitaron la denuncia que derivó en la anulación del acuerdo plenario- el 23% y el resto está en manos de otros propietarios. Sostiene que el problema tiene su origen en que cuando se redactaron los estatutos «el concello me obligó a acreditar mi propiedad, pero no hizo lo mismo con la otra persona que promovió la junta de compensación y el Supremo ratifica lo fallado por el Superior de Xustiza de que esta persona -en referencia a Antonio Muradás- no justificó las propiedades». «Por mi parte no hubo ningún problema y en su momento el ayuntamiento no exigió a esa otra persona que justificase la propiedad» por lo que plantea que a lo mejor «habría que pedir al concello daños y perjuicios». Asegura haber mantenido ayer contacto telefónico con la familia Muradás, con quienes podría reunirse en breve y determinar qué hacer. «Se pueden elaborar unos nuevos estatutos y presentarlos al concello para su aprobación», dice. «Lo que está claro es que dos por dos son 4 y no 6 y yo tengo la mayoría», insiste. Por eso, en cuanto a la urbanización de los terrenos, indica que depende de él, aunque espera «que vaya adelante». Si se urbaniza tal y como se había previsto, el proyecto contempla una calle -«en una finca mía»- y una plaza y terrenos dotacionales para el ayuntamiento. Por lo que agrega que, de no hacerse, el perjudicado sería el concello.