Valdeorras reivindica setenta hectáreas de terreno en la Serra da Lastra que ahora pertenecen al Bierzo Once de la mañana. Comité de recepción delante del centro social de Biobra, en Rubiá. El alcalde y otros representantes junto con la Guardia Civil esperan la llegada de la comisión berciana de Cancela de Aguiar, que llegó tarde. Los más madrugadores fueron los de casa, que aparecieron con cuentagotas junto con los periodistas de uno y otro lado de la frontera. En juego están setenta hectáreas de tierra en la Serra da Lastra, que reclaman como suyos El Bierzo y Valdeorras. Y la resolución de un conflicto vecinal ancestral.
30 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Los quince integrantes de la comisión berciana llegaron media hora tarde y juntos como una piña. Abrazos y los saludos de rigor. Un ambiente cordial para una primera comisión de deslinde en la que no se esperaba que hubiese acuerdo. Los de Rubiá no perdían la esperanza. «A ver se non veñen», decía uno mientras se prolongaba la espera y otro apuntaba «ó millor dínnos que temos razón». No hubo suerte. Con media hora de retraso empezó la reunión. El alcalde de Rubiá tomó la palabra y expuso las razones de la reclamación. Quieren que la línea divisoria se cambie y los vecinos de Biobra recuperen las setenta hectáreas de terreno que les arrebataron cuando se produjo la actual delimitación entre municipios. Proponen la modificación de la línea provisional que existe ahora, de tal manera que «desde o vértice topográfico Falcueira, esta liña divisoria se faga pasar, mediante tramos rectos entre cada dous deles consecutivos por os mojóns de Pena Falcueira, Fondo de Valiña de Abraira, Muradellas e Valiña Grande», para en este punto recobrar la actual línea. La propuesta fue desestimada por la comisión berciana con lo que se dio por terminada la asamblea. El alcalde de Sobrado, Constantino Valle, declinó también la invitación de Cao para desplazarse al monte y estudiar la propuesta sobre el terreno. Los bercianos argumentaron que ya conocían bastante la zona y que no era necesario. Con eso, unos y otros abandonaron el pueblo para firmar las actas. Los unos en el consistorio de Rubiá; los otros, en el de Sobrado. Al haber desacuerdo, las actas de las comisiones se enviarán al Ministerio de Administración Pública, que tendrá que continuar con la tramitación que determina el Real Decreto. Un proceso que se prolongará en el tiempo. Habrá que esperar a que el ministerio recabe el apoyo de técnicos del Instituto Geográfico Nacional, la convocatoria de más reuniones y se irá dirimiendo un conflicto que amenaza con eternizarse.