Resuelto Ceuta con la visita de los reyes de España luego de la Hispanidad, Junts per Catalunya, antes Junts pel Si —una entelequia de control de Esquerra en aquellos años aciagos de un Artur Mas en helicóptero luego de sus recortes por la crisis del 2008, que no desmerecieron de los realizados por Rajoy—, ha vuelto por sus fueros, logrando una vez más enredar a los partidos de Gobierno de España. Antes fue en el caso Banca Catalana y el intento de procesar a Jordi Pujol en 1982, que lanzó tal órdago al Gobierno de Felipe González —«La jugada indigna»— que la Audiencia de Cataluña se permitió sobreseerlo en 1986. Fue la primera añagaza del catalanismo de derechas. Luego vino Andorra y la saga de los Pujol. Pero eso fue ya con la policía del ministro Fernández (nada que ver con El Zorro, aquel Pepe Iglesias radiofónico).
Con el Estatuto de Cataluña del 2007 se desató la campaña en contra del PP, a pesar de la petición de Rubalcaba a Rajoy para que participaran en la negociación. Una campaña que finalizó, invalidándolo, con la sentencia del Tribunal Constitucional presidido por el catedrático Pérez de los Cobos —exmilitante del PP—, apellido que encontraríamos de nuevo aquel 1 de octubre del referendo y el barco Piolín. Un referendo y un procés que, por no haber aplicado el artículo 155 el 6 y 7 de septiembre del 2017, llevó a los tribunales a más de 800 procesados. Con la creación de un clima anti-España que, en las elecciones convocadas por el artículo 155 de la Constitución, dio lugar a un Gobierno de igual cariz nacionalista que el anterior, con procesados y huidos de la Justicia.
Pedro Sánchez se equivocó cuando propugnaba que no era aplicable la amnistía, y acertó cuando decidió aprobarla. La amnistía era necesaria no para que volviera Puigdemont, ni siquiera para que Sánchez gobernara, sino porque sin ella el problema subyacente en Cataluña se habría enquistado, con más de 800 procesados o condenados entre policías y ciudadanos. Por eso los tribunales europeos, frente a una gran parte de la judicatura y la derecha española, han admitido esa ley. Una ley que fue sancionada por este Tribunal Constitucional bloqueado por el PP, sin dejar la decisión para una nueva mayoría de tipo popular. Este hecho permite a Puigdemont desdecirse en sus acuerdos sobre vivienda, o de cualquier otro que soportara al Gobierno de Sánchez. Y Sánchez debería conocer que Junts per Catalunya es de derechas, e igual que hizo Pujol en el Pacto del Majestic con Aznar, o el de un Mas en minoría con el PP de Rajoy, anteponen sus intereses y los de los suyos a aquellos del común. Y esta es la historia reciente de la nación catalana, una de las mejor analizadas, por ejemplo, en Cambalache. Un abogado en la España de Pujol, pero donde no todos son quienes dicen ser. Así lo intuyó Feijoo en su encuentro lucense con periodistas. Ahora, con elecciones, cambiarán las razones de nuestros sofocos.