Un parche para aplacar el malestar social tras un desahucio doloroso —el de Maricarmen— que se hizo muy mediático. Eso es el decreto de la vivienda que va a intentar aprobar mañana el Congreso. Un parche, porque un simple vistazo a las cifras pone de manifiesto que es una crisis profunda, en la que juegan múltiples factores, que afecta a millones de personas y suscita diferentes puntos de vista.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España el año pasado hubo 18.000 desahucios. Pero según el Banco de España, en este país hacen falta un millón de viviendas. Con lo cual, proteger a los inquilinos vulnerables va a ayudar a un número limitado de familias que no pueden (o, algunas, no quieren) pagar la renta, pero no da solución al millón de familias que necesitan un techo.
El precio del alquiler prácticamente se ha duplicado desde la crisis del 2011. En el mismo período, los sueldos medios han crecido en torno a un 30 %. Y lo que es más grave, el salarui más frecuente está cerca del mínimo. Resultado: vivir se hace imposible, las cuentas no salen ni para alquilar ni para comprar.
Pese a la magnitud del problema, los partidos han convertido el acceso a la vivienda en una pelea de buenos y malos. Para unos, los malos son los dueños que alquilan; para los otros, los malos son los inquilinos que solo piensan en vivir sin pagar.
La realidad de este país es muy distinta. Mientras los estadounidenses y muchos europeos ahorran invirtiendo en bonos o en la Bolsa, en España la principal vía de ahorro ha sido siempre la vivienda. Vivienda que luego heredan los hijos y ponen en alquiler para completar la economía familiar; o segunda casa que se adquiere con una hipoteca que se va pagando con la renta. Pequeños propietarios con una inversión para tener una jubilación más tranquila. Y si hay 3,9 millones de viviendas en alquiler y 18.000 desahucios al año (en los peores momentos de la crisis económica se acercaban a los 40.000 los desalojos por impago de alquiler cuando no había protección) parece que los inquiokupas, aunque es un fenómeno que existe, no son mayoría.
Pero los partidos hablan solo para sus votantes. ¿Es tan difícil entender que hay que proteger a los inquilinos a los que la vida les da una patada? ¿Es tan difícil de entender que esa protección no puede salir del bolsillo del propietario?
Parece que el primero decreto publicado intenta recoger ambas cuestiones, pero está muy lejos de ser una solución a un problema estructural en el que confluyen falta de vivienda y sueldos bajos. Pero el segundo decreto, el que pretende implantar el alquiler indefinido y obligar a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos, convierte a los arrendadores en culpables de la crisis. Si se aprobase, —que no parece muy probable— solo conseguirá que se retiren más casas del mercado y que la cifra del millón de viviendas se quede corta.
El derecho a la vivienda lo consagra la Constitución, pero no se garantiza con medidas improvisadas en cuatro días. Requiere un plan a medio y largo plazo, inversión en vivienda pública, incentivos fiscales y seguridad jurídica, en lugar de ser una pelea de buenos y malos.