La Agencia Internacional de la Energía ha sido contundente: la crisis desatada por la guerra de Irán supera en gravedad a las crisis del petróleo de los años setenta y la del gas natural tras la guerra de Ucrania. En palabras de su director ejecutivo, Fatih Birol, esta guerra «es ya la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética». Amenaza, dice, porque los ricos occidentales todavía no hemos sufrido su enorme magnitud, merced a la cuidadosa estrategia de «intervención verbal de los mercados» por parte de la Administración Trump, en genial expresión de Javier Blas, voz autorizada en energía y materias primas de Bloomberg.
El bloqueo del estrecho de Ormuz ha retirado del mercado cerca de once millones de barriles diarios de petróleo y ha paralizado una fracción decisiva del comercio mundial del gas natural licuado, al que nos han hecho adictos los líderes europeos y americanos. Los precios del crudo, el gas natural y los futuros eléctricos, de mayor a menor incidencia, no han dejado de subir a lo largo del mes de conflicto. Y no se trata solo de hidrocarburos: las cadenas de suministro de fertilizantes, petroquímicos y materias primas estratégicas están igualmente fracturadas, disparando los costes de transporte y seguros a niveles que las empresas no habían presupuestado.
¿Qué significa esto para la península ibérica? España y Portugal importan prácticamente la totalidad de su demanda de petróleo y gas natural. El carácter intermitente de las renovables y el sistema eléctrico marginalista reverberan la subida del gas a toda la electricidad, sea o no renovable. La inflación ha saltado en España al 3,3 % en marzo. Para nuestra industria, esto se traduce en costes operativos impredecibles. Para las empresas y los hogares, en una factura que vuelve a asfixiar.
España cuenta con algún motivo para la tranquilidad: las renovables cubren más del 60 % de la generación y aproximadamente el 35 % del gas llega por gasoducto desde Argelia, al margen de las rutas del Golfo. Pero ese escudo no cubre el petróleo ni el gas natural licuado, que representan el grueso de los hidrocarburos expuestos al conflicto. Si este se enquista más allá de abril, los precios al consumo escalarán hasta niveles peligrosos para ciudadanos y empresas.
Para los más vulnerables, el Gobierno tendrá que replicar y reforzar el escudo social utilizado tras la guerra en Ucrania: rebajas fiscales, refuerzo del bono social y prohibición de cortes de suministro. Medidas necesarias, pero insuficientes.
Para las empresas, el reto presenta enorme complejidad. Energía, materias primas, transportes. El diseño de una estrategia energética y de cadena de valor integral —que combine, entre otros, contratos a medio y largo plazo, alianzas estratégicas, autoconsumo, almacenamiento o coberturas financieras— ha dejado de ser una opción sofisticada para convertirse en una herramienta básica de gestión en estos tiempos de polarización. Mercados e instituciones políticas, bajo apariencia de orden y seguridad, fallan una vez más, mostrando la fragilidad de sus fundamentos cada vez que se cocinan epidemias y guerras a miles de kilómetros de nuestro territorio.