Vox vive el momento más dulce de su corta historia. Al menos, desde el punto de vista electoral. Los buenos resultados en las generales del 2023, en las recientes autonómicas extremeñas y aragonesas, y probablemente en las castellanoleonesas de la próxima semana, confirman la tendencia al alza de un discurso populista que sostiene que los políticos no escuchan a la calle, que el país está amenazado por la inmigración, el nacionalismo y el feminismo, y que hay que acabar con las autonomías. Este éxito momentáneo parece conducir a Santiago Abascal y a su núcleo duro a una creciente soberbia política.
Soberbia que queda de manifiesto en la situación interna del partido. La marcha de Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, primero, y la reciente ejecución de Ortega Smith y del líder en Murcia, Antelo, con mucho ruido, dejan entrever una dirección en la que la discrepancia no se tolera. Aunque por ahora no parece que esté teniendo repercusión de puertas afuera.
Y soberbia en su forma de trabajar, porque Vox aún no ha aclarado qué va a hacer con esos votos que le han confiado los ciudadanos. Los de Abascal tuvieron un fugaz paso por varios ejecutivos autonómicos, que decidieron abandonar cuando vieron que tomar decisiones desgasta y nunca contenta a todos, y porque gobernar pone de relieve que las promesas populistas resultan imposibles de llevar a la práctica: desde Castilla y León no se puede acabar con las políticas de igualdad porque existe una ley que lo impide, ni desde Murcia se puede expulsar a los inmigrantes, ni desde Extremadura se puede acabar con el sistema autonómico (una de las grandes contradicciones es precisamente que se suban a los gobiernos de las comunidades, en los que no creen).
La protesta le va bien a Vox, le da réditos electorales. Pero los ciudadanos quieren que los partidos hagan algo con sus votos. La soberbia en la que está instalado Vox, boicoteando cuanto se le pone por delante, le da apoyos, pero esos apoyos tienen un techo en cuanto a cantidad y un límite en cuanto a tiempo. Porque la mayoría de los ciudadanos quieren que sus votos sirvan para construir, para buscar soluciones. Y si se llega a gobernar, para tomar decisiones. Cualquier otra cosa es humo y el voto buscará otro destino.
Como esta estrategia tiene fecha de caducidad, Abascal y los suyos tienen dos caminos por delante, y ninguno les satisfará. Una opción es incorporarse a esos gobiernos autónomos en los que no creen y tener que rectificar porque sus promesas populistas son irrealizables. La otra es seguir en esa estrategia de la soflama y el humo, que tiene una corta vida. Se lo pueden preguntar a otros actores de la nueva política, como Podemos, que pensó que si forzaba elecciones daría el sorpasso al PSOE, un partido que va camino de los 150 años de existencia. O mucho mejor, a Albert Rivera, quien en su afán por adelantar al PP se negó a cualquier pacto para formar Gobierno y en seis meses pasó de 56 a 10 escaños, o lo que es lo mismo, de ser una fuerza decisiva a ser irrelevante. En política, los votos que no se usan para gobernar acaban disipándose, como el humo. Y la soberbia se paga.