Con juicios a tres años no podemos hablar de justicia
OPINIÓN
Existe un principio fundamental en cualquier Estado de derecho: la justicia tardía equivale a la injusticia. Lamentablemente, este aforismo ha dejado de ser una advertencia para convertirse en la realidad cotidiana de miles de gallegos que acuden a los tribunales buscando amparo y encuentran, en su lugar, calendarios saturados y horizontes cada vez más lejanos.
Desde el Colegio de Abogados de A Coruña venimos advirtiendo durante años sobre el deterioro progresivo de nuestro sistema judicial. Pero lo que hoy enfrentamos ha dejado de ser un problema grave para convertirse en una auténtica crisis institucional. Cuando los juicios por despido —procedimientos que la ley considera urgentes y preferentes— se señalan para dentro de dos años, o cuando reclamaciones civiles ordinarias se programan para el 2028, no estamos ante un simple retraso administrativo: estamos ante el colapso de uno de los pilares básicos de nuestra democracia.
Hablamos de trabajadores despedidos que deben esperar años para saber si su cese fue procedente, y mientras tanto quedan sin poder cobrar indemnizaciones que necesitan para subsistir. Hablamos de pequeños empresarios y autónomos que reclaman pagos pendientes y ven cómo su viabilidad económica se desmorona mientras aguardan una sentencia. Hablamos de familias inmersas en conflictos que se prolongan indefinidamente, con el consiguiente desgaste personal y económico.
Esta situación no afecta únicamente a los abogados, aunque seamos quienes convivimos diariamente con la frustración de explicar a nuestros clientes por qué deben esperar tres años para ejercer un derecho fundamental. Afecta a toda la ciudadanía, erosiona la confianza en las instituciones y genera una sensación de indefensión que resulta intolerable en una sociedad avanzada como la nuestra.
Las causas son conocidas: falta personal, órganos judiciales insuficientes, digitalización incompleta y una estructura organizativa que no responde a las necesidades reales del siglo XXI. Pero conocer las causas no nos exime de exigir soluciones inmediatas. No podemos aceptar como normal que alguien que presenta hoy una demanda sepa que no obtendrá respuesta hasta el 2027 o el 2028. No podemos conformarnos con calendarios judiciales que se extienden hasta límites absurdos mientras los asuntos se acumulan sin visos de resolución. No podemos seguir asistiendo impasibles al desmantelamiento progresivo de la tutela judicial efectiva.
Desde el Colegio de Abogados exigimos una inversión real y urgente en la Administración de Justicia. Necesitamos que los poderes públicos entiendan que la justicia no es un gasto, sino una inversión imprescindible en cohesión social y seguridad jurídica. Porque cuando la justicia falla, falla la democracia entera.