La brecha generacional se ha instalado en la conversación pública como si se tratara de una guerra moral entre jóvenes y mayores. Pero ese encuadre es profundamente erróneo. El problema no es un conflicto entre generaciones, sino un sistema de reparto que depende de manera crítica de la demografía y que hoy opera en un entorno mucho menos favorable que el que permitió su expansión durante décadas. Confundir el diagnóstico solo retrasa las soluciones.
España disfrutó de un bono demográfico entre mediados de los ochenta y mediados de la década del 2010, con muchas personas en edad de trabajar y pocas en edad de jubilación. Esto permitió que el sistema de pensiones creciera sin tensiones visibles. Desde 1985 se introdujeron ajustes sucesivos para repartir el esfuerzo entre generaciones y adaptar el sistema a una mayor esperanza de vida.
A partir del 2021, las reformas blindan las pensiones actuales revalorizándolas con el IPC y trasladan el ajuste a los ingresos. Esto implica más cotizaciones e impuestos presentes y futuros para los trabajadores actuales. El resultado es una ruptura de la equidad intergeneracional, protegiendo a una cohorte concreta y cargando el coste sobre las generaciones más jóvenes, que son menos numerosas.
Se suele decir que los pensionistas ya han pagado su pensión cotizando toda su vida y recibiendo lo que les corresponde. Sin embargo, en un sistema de reparto no hay una hucha individual. Las cotizaciones actuales financian pensiones actuales. En general, los jubilados reciben más de lo que cotizaron, con un saldo positivo de 1,62 euros en prestaciones por cada euro cotizado, gracias a impuestos y deudas.
Los datos de renta por edades refuerzan este diagnóstico. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, casi un tercio de las personas entre 65 y 79 años ingresa más de 2.000 euros netos al mes, una proporción superior a la del grupo de 35 a 49 años y más del doble que la de los jóvenes de 20 a 34. Al mismo tiempo, más de dos de cada tres jóvenes no alcanzan los 1.500 euros netos mensuales. En términos relativos, la tercera edad presenta hoy estándares de vida más altos que buena parte de la población en edad de trabajar. No es necesariamente la vida cañón, pero sí deja claro quién no la tiene: los jóvenes, a los que se va a forzar a sostener el sistema.
No se trata de recortar todas las pensiones. El problema es repartir más de lo que el país puede permitirse. Adaptar el sistema a la realidad demográfica es clave para su sostenibilidad y justicia intergeneracional. Modelos como el sueco de cuentas nocionales vinculan lo que se aporta con lo que se recibe, ajustándose a la esperanza de vida y al crecimiento económico. No reformar implica más impuestos, frustración generacional y un ajuste futuro más brusco. La brecha generacional se cierra con reglas que asuman que la demografía ya no juega a favor.