El juzgado acaba de «absolver» en primer instancia al exconselleiro Alfonso Villares de los hechos con relevancia penal que provocaron su dimisión en el cargo que ocupaba en la Xunta. Si bien los tribunales de justicia solo pueden determinar la responsabilidad jurídica, difícilmente el político afectado por una actuación judicial como esta va a poder esquivar esa tacha que se proyectará sin remedio sobre su carrera, tanto sobre los antecedentes de una conducta sometida al escrutinio judicial como sobre las consecuencias finales de sus acciones u omisiones.
Hoy en día asistimos a la expansión del ámbito de intervención de los tribunales de justicia, que, sin duda, está alterando sustancialmente la tarea básica de la jurisdicción como garante de la conservación del orden jurídico y de reprensión de los delitos más comunes en la sociedad. Una extensión del control por los jueces que, en estos casos en los que el justiciable ocupa una legítima posición de poder político, ganada incluso en unas elecciones, ha de convivir con el cierre de filas por parte del entorno de influencias del político, con la incomprensión generalizada y, en algunos casos, con la hostil oposición a la actuación judicial. Una tentación suicida que se ha ido corrigiendo en estos últimos años, incluso con la aparición de códigos internos de los partidos políticos que señalan el momento procesal en que el miembro del partido ha de renunciar al cargo cuando se vea judicialmente implicado.
Quizá nuestros políticos hayan comprendido de una vez la tensión inevitable entre la búsqueda de la verdad judicial y el principio de asunción de responsabilidades políticas. La posición por defecto de un político es la mentira, y la del juez de instrucción la de buscar la verdad, caiga quien caiga. En palabras del grandísimo pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, «mientras que hay mil verdades, el error solo es uno».
Pero a veces sucede, como ahora en el caso de Alfonso Villares, que el error es determinante así de la asunción de una responsabilidad política que antecede a la confirmación de su verdad judicial, llegando después a resultar muy complicada la rehabilitación política del afectado.