El aplazamiento de VeriFactu: ¿castigo a los cumplidores?
OPINIÓN
La reciente publicación del Real Decreto Ley 15/2025, de 2 de diciembre, que aplaza por segunda vez la entrada en vigor del sistema VeriFactu, ha sido recibida por el tejido empresarial con una mezcla de sorpresa y, para algunos, de agravio. Lo que a primera vista podría parecer un alivio —dado que concede más tiempo para adaptarse— se ha convertido en un castigo para quienes actuaron con diligencia y en un claro ejemplo de la inseguridad jurídica que socava la confianza en la Administración.
Durante meses se nos instó a prepararnos para una transformación digital inminente. Muchas empresas, especialmente las más previsoras, asumieron costes significativos en software, formación y consultoría para adaptarse a las nuevas exigencias. Pero, además, una de las vías para evitar la doble inversión que suponía adaptar los sistemas al futuro VeriFactu era acogerse voluntariamente al Suministro Inmediato de Información (SII), y a esta opción se sumaron muchas compañías para cumplir desde el 1 de enero del 2026.
Estas empresas, que actuaron de buena fe y siguiendo las directrices de la propia Administración, se encuentran ahora en una situación paradójica y perjudicial. La renuncia al SII solo puede ejercerse en el mes de noviembre del año anterior, por lo que, cuando se anunció la prórroga de VeriFactu, el plazo para dar marcha atrás ya había finalizado.
Por tanto, el resultado de esta vuelta atrás de la Administración supone que los cumplidores están atrapados y se ven obligados a operar bajo el exigente régimen del SII, con todo lo que implica en términos de recursos y carga administrativa, y los rezagados disponen de un año adicional, beneficiándose de un cambio inesperado que les ha resultado ventajoso. En suma, la decisión ha provocado desconcierto y la sensación de que se penaliza la previsión
Muchas empresas llevaban meses invirtiendo tiempo y dinero en la adaptación a VeriFactu, y el resto de empresas atrapadas en el SII se aferran ahora a la esperanza de que la Agencia Tributaria habilite un procedimiento extraordinario para salir de este sistema. En fin, un despropósito.
El tejido empresarial no necesita prórrogas de última hora, sino un marco regulatorio estable y que aporte seguridad jurídica. No podemos posicionarnos en contra de medidas que favorezcan la digitalización y la lucha contra el fraude, pero la transición debe realizarse con reglas claras, respetando las inversiones realizadas y sin penalizar a quienes demuestran su compromiso con el cumplimiento normativo. La confianza es la base de la relación tributaria, y estas decisiones provocan un desapego no deseable cuando la sensación general es que la carga impositiva para las empresas es muy importante.