Los casos de acoso sexual en la política se han extendido por España y han avergonzado también a Galicia. Esas conductas, que deberían producir el mayor rechazo, no son nuevas ni en la vida privada ni en la pública. Y no corresponden a un solo partido o a un único grupo social. Están en todas partes, hasta teñir la actividad diaria de una alta dosis de cinismo social, marcado por el relativo consentimiento con los acosadores y la creciente inseguridad de las mujeres. Acabar de una vez con la consideración menor de estas es el gran reto, que no han conseguido alcanzar ni las generaciones que impulsaron la democracia.
La defensa de la igualdad social entre sexos es un principio básico que nace en la Declaración de Derechos Humanos, y en el caso de España se establece en la Constitución y se refuerza en numerosas leyes que instan a los poderes públicos no solo a respetar esta igualdad, sino que los obliga a actuar activamente para imponerla y defenderla. Por lo que se va conociendo estos días, a algunos políticos se les olvidó.
Basta ver dos datos oficiales para caer en la cuenta del fracaso colectivo en el campo de la igualdad. Este año han sido asesinadas 45 mujeres (casi una por semana) por hombres que pensaban que tenían derecho hasta a la vida de ellas. En el segundo trimestre se presentaron en España 48.000 denuncias por violencia (más de 530 cada día), y a principios de año la policía tenía en su sistema de vigilancia más de 100.000 casos. Además, es creencia común que solo llega a las comisarías o a los juzgados un pequeño porcentaje del horror cotidiano que sufren muchas mujeres. Los desprecios, los insultos, los golpes y la anulación como persona de la pareja no son algo extraordinario, sino mucho más común de lo que los hombres son capaces de reconocer.
Estos delitos vergonzosos son la cúpula de un edificio mal construido que nos alberga a todos: a los que hacen, a los que consienten, a los que callan, a los que ignoran. Y son aún más injustificables en quienes juraron comprometerse con la igualdad, pero eran acosadores.
Agresores sexuales los hay en todos los partidos. Han aparecido casos en cada formación, desde la extrema izquierda a la extrema derecha; desde los conservadores a los socialistas. Y si duelen todos, impresionan más los que suceden más cerca o más arriba. Más cerca: en instituciones gallegas. Más arriba: en despachos cercanos a la Presidencia del Gobierno central.
Por eso es necesario que se tomen varias medidas: la primera, el paso a un lado en sus competencias públicas de los encausados hasta que se aclaren sus responsabilidades. La segunda, la asunción legal de los encubridores, aunque sean presidentes o dirigentes de partido, porque no debe ser inocuo mirar para otro lado. Y la tercera, dar protección a las víctimas, en lugar de considerarlas culpables varias veces: antes, durante y después.
La ley ha hecho ya iguales a hombres y mujeres, pero una parte de la sociedad no termina de asumirlo. Y quienes tienen que dirigir ese cambio no pueden envolverse en hipocresía, tomar la bandera del feminismo y taparse con ella para hacer lo contrario. Si algún hombre no está de acuerdo, que le pregunte a su hija. Pedirá otra sociedad. Y otra política.