En 1982, las personas con discapacidad vieron la publicación en el BOE de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi). Esto marcó un hito: reconoció derechos, garantizó prestaciones sociales y educación, introdujo cuotas laborales y proclamó, por primera vez en España, la dignidad como principio de igualdad. En 1986, el lenguaje oficial sustituyó el término «subnormalidad» por «minusvalía», lo que en la práctica derivó en la denominación de «minusválido». En educación se promovió la normalización de servicios, la integración escolar y la atención individualizada, incorporando apoyos a centros ordinarios y reservando los centros de educación especial para quienes necesitaban ayuda más intensa.
Tras una década sin reformas, en el cambio de siglo el término «retraso mental» dio paso a «discapacidad intelectual». Se abandonaron eufemismos cargados de connotaciones morales o de percepción negativa, como «inocentes», «pobrecitos», «ángeles», «inútiles», en favor de un lenguaje que pone a la persona por delante de su condición: «Persona con discapacidad».
El verdadero cambio de paradigma llegó en el 2011, cuando España deja atrás un modelo médico-rehabilitador, centrado en corregir déficits, para adoptar un enfoque basado en derechos, participación social e igualdad de oportunidades. Hasta hace muy poco, derechos fundamentales como casarse libremente, votar, decidir sobre el propio cuerpo o tomar decisiones jurídicas con autonomía estaban vetados o condicionados para las personas con discapacidad. En el 2017 se eliminó la necesidad de un dictamen médico para contraer matrimonio; un año después se garantizó el derecho al voto universal sin restricciones. En el 2020 se puso fin a la esterilización forzada de quienes habían sido incapacitados judicialmente, y en el 2021 se permitió ejercer la capacidad jurídica con apoyos, cerrando así la puerta a la incapacitación.
Quizá el cambio más simbólico sea la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada hace poco más de un año. La expresión «disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos» fue sustituida por «personas con discapacidad». No fue un mero cambio de palabras: supuso un compromiso claro del Estado con la autonomía, la inclusión social y la participación plena, obligando a crear entornos accesibles para todos.
Y en julio del 2025 se dio un paso hacia otro tipo de respuesta, con el envío al Congreso del proyecto de ley que reforma la normativa de discapacidad y dependencia. La propuesta reconoce automáticamente los grados mínimos de discapacidad, recoge los servicios de asistencia personal, vivienda compartida o teleasistencia universal, e introduce medidas para evitar discriminaciones en seguros de salud o de vida. Además, elimina las incompatibilidades entre prestaciones.
Según el INE, 4,38 millones de personas declaran tener alguna discapacidad o limitación: en uno de cada cinco hogares españoles vive al menos una persona con discapacidad. En este contexto no basta con aprobar normas: hace falta supervisión, seguimiento y una cultura de derechos. La sociedad debe cambiar su mirada y asumir con conciencia solidaria que la inclusión no es un favor, sino una causa de todos.