Desde hace tres años, profesionales de abogacía y procura hemos venido poniendo en el debate público el problema de nuestras pensiones y la explotación laboral que significa el fraude de ley que se comete en la contratación de quienes ejercen en el turno de oficio. Lo que parecía anecdótico ha pasado a primer plano del debate político. Quizá por nuestra falta de conciencia del problema, el Estado y la abogacía institucional prefirieron mantener un sistema de protección social y vejez paralelo al de la Seguridad Social, de tipo gremial, que se ha visto que no garantiza unas pensiones dignas, y un funcionamiento del turno de oficio mal pagado, reservado no solo para clientes pobres, sino también para abogados pobres.
Estamos ante una discriminación a la que se debe poner fin, porque nadie puede vivir con pensiones de 400-600 euros y sin reconocimiento de su vida laboral en el servicio público del turno de oficio.
Durante meses hemos peleado por la pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ) y el turno de oficio como si fueran dos temas distintos, cuando son dos caras de la misma moneda: la precariedad.
Esas luchas no han sido en vano y hemos logrado que la mayoría de los partidos del Congreso hayan asumido las enmiendas a la propuesta de pasarela presentada por el PSOE, que recogen la necesidad de que se nos deje trasladar nuestras aportaciones de las mutualidades a la caja común de las pensiones, y que se nos reconozca, por haber estado en un régimen alternativo, pero de la Seguridad Social, que cada año trabajado se considere año cotizado. A la par, tres grupos (Sumar, Junts y EH Bildu), con otras enmiendas añadidas, dan respuesta a una reivindicación que está dentro de la huelga del turno de oficio: la dignificación profesional, la regulación de las cotizaciones y su pago por el empleador.
Estamos en un momento crucial tanto para seguir presionando por una pasarela justa como para que se generalice en el Parlamento el apoyo que nos han dado las tres fuerzas políticas señaladas, porque es el reconocimiento de la discriminación del colectivo de la abogacía y procura que presta su trabajo en el servicio público de justicia gratuita: son 50.000 trabajadores que en el 2024 atendieron más de 2,3 millones de asuntos, más de uno de cada cuatro casos de la Administración de Justicia.
Sin más necesarias que nunca la unidad para seguir luchando, inteligencia para convencer a las fuerzas políticas de la justeza de nuestras reivindicaciones y solidaridad entre el conjunto de ambas profesiones, pues, como alguien dijo hace no tanto, este es el pleito de nuestras vidas y lo vamos a ganar.