El pasado domingo este periódico ofreció un magnífico reportaje sobre la situación de los enfermos de ELA. En él, un enfermo, Ramón Carmelo Hermida, resumía muy bien la situación: «¿Es culpa de mi ayuntamiento? No. ¿Es culpa de la consellería? No. Es culpa de un sistema que hace leyes para las que no hay asignados fondos». Esto es algo que ya algunos denunciamos cuando se aprobó la ley de la dependencia, en diciembre del 2006. Y no ha dejado de agravarse por quien tiene la obligación de financiar buena parte del sistema, el Estado. Así, en el 2024 el Gobierno central redujo al 27 % (-1,5 %) su porcentaje de financiación de la dependencia. Esta es la realidad, por lo que Ana Pontón (BNG) y José Ramón López Besteiro (PSOE) harían bien en dirigir sus críticas al Gobierno Central y no a la Xunta, que es la que está soportando el mayor peso del funcionamiento del sistema.
Por otra parte, dada la que se nos viene encima por el envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades antes mortales de necesidad, es la sociedad en su conjunto la que debe afrontar de manera decidida este problema. Y lo primero sería exigir un pacto de Estado sobre la materia, que aleje de una vez por todas la dependencia de la lógica partidista y convierta los cuidados en el eje de la acción de gobierno a todos los niveles territoriales.