Uno de los desafíos más relevantes para el futuro de la industria está en la inversión en redes eléctricas. Descontando el irrenunciable potencial de los gases renovables para determinadas industrias, la electrificación de la economía solo es posible si hay redes capaces de soportar toda la nueva demanda que se espera, que va desde nuevos proyectos industriales —en su mayoría, además, de base eléctrica— hasta la propia electrificación posible del calor industrial, pasando también (necesariamente) por la construcción de nuevas viviendas.
Al fin, con la reciente publicación de la planificación eléctrica se han terminado por descubrir las cartas del tablero eléctrico para los próximos años. Y de todas las bazas esta es, si cabe, la más relevante: de su acierto o no depende que haya las redes de transporte necesarias para llevar la electricidad a donde es más estratégico para nuestro crecimiento económico, aunque también social. Lo cierto es que el ministerio ha ido un paso más allá de lo inicialmente previsto —al menos, cuantitativamente—, si bien territorio a territorio la valoración más cualitativa va por parroquias (la Xunta, sin ir más lejos, ha denunciado una inversión de la tercera parte del total que a Galicia le correspondería por habitante). En este mismo sentido, las eléctricas también catalogan la propuesta del ministerio dentro de un plano más bien conservador, aunque en su caso en un volumen menor al de las autonomías. Quizá por no comprometer a su principal aliado en la otra baza que verdaderamente disputan: la retribución a las redes de distribución.
Conectar a los consumidores con las grandes autopistas de transporte de electricidad es el siguiente paso natural a las planificaciones. Las compañías eléctricas contribuyen de forma determinante a ello desplegando sus propias redes y nudos, pero «tirar cable» tiene unos costes asociados que el Estado debe incentivar (o retribuir). La rentabilidad a la que tienen derecho las compañías viene fijada por la CNMC y su primera propuesta, del 6,64 %, se ha quedado lejos de las pretensiones de las eléctricas, que fijan la cota mínima del 7,5 % en adelante. La discrepancia es doble. Por un lado, metodológica, que tras la presión de ministerio y eléctricas ha terminado haciendo ceder a la CNMC y evaluar una propuesta alternativa. Pero, sobre todo, es económica: los más de 3.500 millones que separan al regulador de las eléctricas se deben a la diferencia en el cálculo de crecimiento de la demanda que se hace a uno y a otro lado. La diferencia en ningún caso es inocua: al final, quienes pagan la compensación a las eléctricas son los consumidores a través de su factura y, entre ellos, también las industrias, para quienes el gasto energético en algunos casos se dispara por encima del 45 % de sus costes. Si bien al incrementarse la demanda también lo haría el divisor, una subida del precio final de la luz, solo por probable, es lógico que sea percibida por el regulador como un riesgo añadido —y que se trate como tal— en un contexto internacional, además, especialmente retador para la competitividad.
Entretanto, quien sí se la juega en todas las bazas sigue siendo la industria. La razón es simple: para el tejido instalado, si la posibilidad de mejorar sus costes energéticos no llega, la pérdida de competitividad será definitiva frente a terceros países; para el tejido nuevo, si no hay un enchufe disponible sencillamente no hay nada. Y en este contexto es relevante tener en cuenta que las compañías eléctricas son ya grandes grupos internacionales multienergía que no solo compiten en España —aunque sea su geografía de origen—, sino también en otros mercados de la Unión Europea (y del Reino Unido) en donde esa retribución supera ampliamente el 7 % (sin ir muy lejos, en Italia, con un tejido industrial y energético con relativas similitudes al español y, por tanto, un competidor directo a la hora de atraer inversiones, se hace al 8,7 %). Al margen de cómo termine afectando al cálculo español la nueva metodología que se está analizando, en el tejido industrial existe desde hace tiempo una percepción creciente de fragmentación del debate que termina por ralentizar el crecimiento del sector industrial hasta dígitos comunitarios. Dicho de otro modo: sigue sin existir una institucionalización plena de la política industrial en España. Y de que sea así depende cualquier medio o largo plazo para nuestra industria. Todavía es posible, pero hay partidas que no admiten recompra.