Que la dificultad para acceder a una vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los gallegos lo dejó claro la encuesta que el pasado fin de semana publicó Sondaxe. Es la consecuencia de un cóctel en el que se suman la insuficiente obra nueva —en el caso de quienes quieren comprar— y la escasez de pisos ofertados en el mercado para aquellos que quieren alquilar. Y como enseña la primera lección de economía, cuando hay poca oferta y mucha demanda los precios se disparan.
Desde hace dos años, la Ley de Vivienda prevé la posibilidad de pedir la declaración de zona tensionada si el precio de los alquileres supera el 30 % de la renta de los hogares, o si ha experimentado subidas por encima del IPC en los últimos años. Y una vez reconocida como tal, los aumentos de los alquileres quedarán limitados. Eso es lo que acaba de hacer A Coruña y es lo que se está planteando Santiago, en un intento por aliviar la presión que sufren los inquilinos.
¿Servirá de algo la medida? Probablemente, de poco. Los gobiernos que la adopten podrán justificar que han utilizado los mecanismos a su alcance, pero los beneficios sobre los ciudadanos serán más bien escasos. Es cierto que los inquilinos ganarán en estabilidad, puesto que saben a qué precios deben enfrentarse durante los próximos años. También se pone freno a la estrategia de los grandes tenedores y los grandes fondos de inversión, que acaparan viviendas para después inflar las rentas y expulsar a las familias.
Pero, al mismo tiempo, la limitación de los alquileres puede llevar a los pequeños propietarios a retirar sus inmuebles del mercado. Porque si a la inseguridad jurídica a la que se exponen —cuando surge un impago es muy complejo echar a los inquilinos— se suma que no pueden subir las rentas, muchos van a desistir y no asumir riesgos con esas condiciones. También dejarán de rehabilitar inmuebles o reformar pisos porque no van a poder rentabilizarlo. Algunos inversores optarán por hacer sus operaciones en el ayuntamiento de al lado, donde estén a salvo de la nueva norma.
La declaración de zona tensionada probablemente sea una medida válida como punto de partida, pero solo va a aportar un pequeño respiro a las familias. Es como poner una tirita en una herida de guerra. Hacen falta soluciones profundas y de fondo: liberar suelo, seguridad jurídica que anime a los inversores a construir y a los propietarios a alquilar, porque con mucha oferta los precios se relajan de forma natural. También es necesario invertir en vivienda social que permita el acceso de las familias con rentas modestas. Y sea la estrategia por la que se decanten, Gobierno, autonomías y ayuntamientos deben empezar ya. Porque no hay atajos ni soluciones inmediatas.