Hace unos días Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la pena de muerte. Los datos no pueden ser más estremecedores. Se contabilizaron 1.518 ejecuciones en el 2024, lo que supone un incremento del 32 % con respecto al año anterior. Esa cifra no incluye las ejecuciones que tuvieron lugar en China porque este país sigue considerando los datos relativos a la pena de muerte como secreto de Estado; en donde, además, hay claras evidencias de que se están utilizando los órganos de los muertos para trasplantes. Por otra parte, el viernes pasado un pelotón de fusilamiento ajusticiaba a un hombre en el Estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos.
Da para pensar que en esta tenebrosa liga aparezca Estados Unidos junto a Irán, China y Corea del Norte; mucho más con un personaje como Donald Trump ocupando la presidencia del país. Uno se atrevería a decir que la pena de muerte no tiene cabida en la democracia, no al menos si nos tomamos en serio el concepto de dignidad humana. Pero los datos son los que son, y resultan terribles y muy desalentadores. Más allá de cualquier consideración ética, filosófica o teológica, hay suficiente evidencia para afirmar que la pena de muerte no actúa como elemento disuasorio de la delincuencia: ¿por qué se mantiene entonces? Creo que la sed de venganza y los juegos de poder tienen mucho que ver en ello. Por cierto, ¿pensó en esto Pedro Sánchez en su reciente viaje a China?