El pasado martes La Voz titulaba en portada: «La Xunta lleva la ley de amnistía al Constitucional». Un acierto, sin duda. Alfonso Rueda no se mueve en las medias tintas. Su rechazo de las arbitrariedades del actual Gobierno es el más contundente, y argumentado, de todas las autonomías dirigidas por el Partido Popular. En numerosas ocasiones dijo que no callará ante todo aquello que pueda perjudicar a nuestra comunidad autónoma. Lo dijo, y lo cumple. Probablemente su recurso de inconstitucionalidad quedará en nada. Pero nuestro presidente ejerce su deber, que no es otro que defender los intereses de Galicia. Quizá algún lector piense que la ley de amnistía no va con él, que en nada le afecta. No es cierto. Esa ley destruye, de facto, la igualdad entre ciudadanos: privilegia a unos (los independentistas catalanes) y no a otros. Es decir, vulnera uno de los principios básicos de nuestra Constitución. Igual que el cupo catalán vulnera la solidaridad entre territorios. Igual que las «puertas giratorias» destruyen la credibilidad de la instituciones. Nadie ha hecho más que el PSOE de Sánchez por controlar todos los «resortes» del Estado. Nadie en democracia nos ha hecho mayor daño. Recuerdo cuando prometían que las puertas giratorias terminarían en el momento que ellos gobernasen. No ha sido así. El Estado está en manos de acólitos de Sánchez. El ministro Escrivá en el Banco de España. El Consejo de Estado, presidido por la exministra Carmen Calvo. En el Tribunal de Cuentas, una ex directora general socialista. En el Constitucional ha tenido la falta de pudor suficiente para que sea presidido por el ex fiscal general de Zapatero, señor Conde Pumpido, y cuente entre sus magistrados con el exministro de Justicia. En RTVE ha colocado a una militante socialista. En el CIS, al exsecretario de Estudios y Programas socialista. En el CNI, la Agencia EFE, Correos, a exsecretarios de Estado. Hasta no tuvo rubor para nombrar a una ex ministra, Dolores Delgado, como fiscal general. La lista sería más larga. Lo que antes era negociado por los dos grandes partidos, ahora no lo es. Sánchez puede hacerlo. Y lo hace. Por ello la oposición debe ser la más irrebatible y tajante de nuestra democracia.
Imagino que con respecto al cupo catalán la Xunta de Galicia actuará con igual tesón que con la ley de amnistía. Es necesario. Además, y permítanme la vulgaridad, si la ley de amnistía nos toca la moral, el «concierto» catalán nos toca el bolsillo. Los gallegos dejaremos de ingresar casi 450 millones por un nuevo privilegio para el independentismo. Poco me sorprende la aquiescencia del PSdeG con las «regalías» a Cataluña (Besteiro es el más fiel de los hombres de Sánchez). Pero sí me sobrecoge la respuesta del BNG: piden un concierto similar al catalán, pero no critican el concierto catalán.
Termino como empecé, ponderando la firmeza de Rueda. Si todo lo permitimos, todo lo perderemos.