No es posible sorprenderse ante las decisiones del Gobierno para hacer frente a las tentativas de grupos extranjeros para hacerse con empresas españolas de interés estratégico sin recordar las políticas seguidas desde 1985 para deshacernos de nuestro sector público.
Un trabajo de los profesores Germá Bel y Antón Costa analizó las tres etapas de la privatización de empresas públicas en España hasta principios de siglo. Una primera, socialista, utilizaba las privatizaciones como instrumento de la política financiera y de reconversión industrial. Una segunda etapa, privatizaciones al ralentí, para dar paso a la tercera, ya con el Gobierno popular de Aznar y Rato, donde la privatización además estaba soportada por una explícita formulación política. Por más que en todas ellas los ingresos por su venta sirvieran para paliar el déficit.
Por eso sorprende ahora la reivindicación de la alianza de lo público-privado, más allá de la subvención, y las ansias de reindustrialización frente a la manufactura asiática como nuevo paradigma pospandemia. Una reivindicación que define sectores estratégicos como los de energía o comunicaciones, incluso movilidad, que contradicen las políticas industriales anteriores a la gran crisis del 2008. Ejemplos tenemos en la rápida privatización total de Telefónica en 1997, o la de Endesa completada en junio de 1998, con aquel eslogan sin paternidad reconocida de «antes alemana que catalana», para acabar propiedad del Estado italiano. La privatización parcial de Aena, con sus prolegómenos en el cierre del espacio aéreo en el 2010 y el conflicto con los controladores sin condenas judiciales, llega en el 2014.
Los movimientos de fondos soberanos o empresas extranjeras en torno a Telefónica, Naturgy e incluso Talgo han obligado al Estado (SEPI) a invertir y/o asociarse con grupos industriales inversores para que España no pierda su control. Bien frente al grupo saudí STC o a la venta no controlada de activos propiedad de algunos fondos, en el caso de Naturgy. Tanto en Telefónica como en Naturgy ha sido clave Criteria, el holding industrial de Fundación La Caixa, creado en el 2003, que busca estabilidad accionarial y control en manos de accionistas españoles de referencia. Un holding, una fundación y una caja de ahorros que invita a detenerse y reflexionar sobre otras políticas pasadas.
La empresa Talgo, cuyo principal accionista (40 %) es un fondo estadounidense, ha recibido una opa de Magyar Vagon, participada por el fondo estatal húngaro. Una opa que el Gobierno considera crítica para los intereses españoles, pues dejaría en manos de Viktor Orban al proveedor de trenes de alta velocidad, así como la patente de cambio automático de ancho de vía (la de los trenes Avril). A la espera de un inversor español para lanzar una contraopa, tal como parece promover el Ejecutivo. Reflexiones sobre la dependencia estratégica y la globalización, también sobre lo público y lo privado. Verdades de antaño, hoy ya en revisión.