Un grupo de abogados de toda España hemos lanzado una petición en Change.org para la recogida de firmas con ánimo de que se creen juzgados especializados en violencia contra la infancia y adolescencia. Los letrados conocemos de primera mano la falta de garantías y la desprotección que sufren los menores en los procedimientos judiciales. Sin firmas, el Gobierno no será consciente de la gran demanda social ni del volumen tan elevado de víctimas que hay.
En la actualidad, nuestra sociedad se enfrenta a una problemática grave y urgente de atención inmediata: la violencia ejercida sobre los menores, incluyendo las agresiones sexuales. Es imperativo que como país tomemos medidas concretas y efectivas para proteger a los más vulnerables y garantizarles un entorno seguro donde puedan desarrollarse plenamente. Proteger a un menor es conseguir un adulto sano.
Aunque se ha avanzado en la consideración de otras formas de violencia familiar, tales como la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer e incluso de los juzgados de menores infractores, no hemos avanzado respecto de la protección de los menores víctimas de delitos, habida cuenta que no se han creado juzgados especializados.
La Ley 8/21 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, también conocida como ley Rhodes, marcó un hito importante al establecer el marco legal para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en España. Sin embargo, para que esta ley sea realmente efectiva es crucial llevar a cabo su implementación de manera integral.
En su disposición final vigésima, la ley Rhodes establece un mandato claro para que el Gobierno, en un plazo de un año desde su entrada en vigor, remita a las Cortes un proyecto de ley que modifique la LOPJ con el objetivo de especializar la fiscalía, los equipos técnicos y los órganos judiciales de instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra las personas menores de edad. Esto incluye la creación de juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. Han transcurrido casi tres años y la ley no se ha cumplido.
Recogemos a continuación de forma somera los motivos por los cuales la creación de dichos juzgados especializados son tan necesarios:
1.- Actualmente, los menores son revictimizados durante la instrucción de su causa. Esto significa que se ven obligados a revivir una y otra vez los hechos traumáticos ante personal no cualificado, volviendo a asumir el papel de víctimas ante la incomprensión del sistema.
2.- En un juzgado especializado será posible agilizar los procedimientos judiciales para que los menores finalicen lo antes posible el calvario que supone ser la parte acusadora. Todo ello en un entorno acogedor y amigable donde se sientan seguros.
3.- Desde estos juzgados será posible centralizar, dirigir y coordinar de manera eficaz el trabajo interdisciplinar de todas las instituciones encargadas de velar por la infancia: el Instituto de Medicina Legal, Barnahus, cuerpos y fuerzas de seguridad, centros hospitalarios, colegios, servicios sociales…
4.- Mejorarán los mecanismos de obtención de las pruebas con el objeto de que los delitos hacia los menores no queden impunes.
5.- Supondrán un importante cambio en la mentalidad de la sociedad respecto de la vulnerabilidad de la infancia, tal y como ocurrió con las mujeres víctimas de maltrato.
Por tanto, se hace necesario un impulso legal con el fin de crear a nivel nacional, y de manera obligatoria, órganos especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia. Estos juzgados también deberían tener competencia en materia de familia, toda vez que este tipo de delitos son habitualmente intrafamiliares.