¡El crupier hace trampas!
OPINIÓN
Desde pequeños, cuando aún la vida no nos ha enseñado a perder, nos dicen que hacer trampas está muy feo y que no querrán jugar con nosotros si no respetamos las reglas. Un buen día, al hacernos mayores, descubrimos que en toda partida hay un tramposo, pero nos consolamos sabiendo que la mayoría de las veces en algún momento de la partida acaba siendo expulsado. Con lo que no contamos es que haga las trampas el encargado de organizar el juego.
El Estado en sus múltiples representaciones —central, autonómico, local y un larguísimo etcétera de organismos— fija reglas de juego que cambia a mitad de partida o que no aplica cuando le apetece pasar a ser jugador y por supuesto ganar.
Hace pocos días publicaba este periódico —y se hacía eco la prensa económica—, la noticia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ante el recurso presentado en nombre de una empresa gallega. A juicio del Alto Tribunal, nada pasa porque el Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, entidad pública que recibe más del ochenta por ciento de sus ingresos de los presupuestos de la Generalitat, participe y se lleve un contrato público para la obtención de imágenes aéreas en 28 concellos de Galicia para la elaboración de la cartografía oficial.
Que empresas públicas puedan participar en procesos de licitación compitiendo con las privadas sin que lesione la libre competencia debe obligar a que todos sigan las mismas normas. Puede haber jugadores especiales por quienes son sus socios, pero para participar deben hacerlo como todos los demás, renunciando a que sean fondos públicos los que le otorguen una ventaja competitiva que les permite ganar.
Es el Estado, a través de la CNMC, el encargado de vigilar el cumplimiento de las reglas de juego, sancionando las conductas que puedan impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado. Participar sin riesgo alguno porque la casa nunca pierde o porque los presupuestos públicos servirán para pagar el coste del contrato, llevará a que el resto de jugadores abandonen la partida. Los poderes públicos deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta más equitativa. Pero si además quiere jugar con las cartas marcadas, un buen día se quedará solo, nadie querrá jugar con él y tendremos un grave problema ya que sin actividad económica no puede sostenerse un Estado social y democrático de derecho que propugne la igualdad y la justicia.