En España tenemos una permisividad inaudita —me río yo del «este es un país libre» de las películas americanas— y se puede jurar el cargo de diputado «por la lucha antifranquista» (casi medio siglo después de la muerte del dictador), «por la consecución de la república catalana» o «hasta alcanzar la república vasca», o directamente «por imperativo legal» (cosa que es mentira: nadie les obliga a tomar posesión de su escaño, pero ninguno parece querer renunciar al chollo que ello supone).
Otro ejemplo de este peculiar funcionamiento constitucional es la ronda de consultas que hoy concluye y que sirve para que el rey certifique los apoyos con que cuenta cada aspirante a la presidencia del Gobierno y presente un candidato. Pedro Sánchez le dirá a Felipe VI que tiene asegurados 171 escaños, e incluso 178 si incluye también los de Junts, pero ¿debe el monarca fiarse de su palabra? Dado que ERC, EH Bildu, el BNG y el partido de Puigdemont rechazaron asistir al encuentro con el rey, este no puede saber de forma oficial que dichas formaciones darán su voto al actual inquilino de la Moncloa... salvo que le hayan enviado un e-mail. Feijoo, en cambio, sí puede garantizar (a expensas de Vox) los apoyos que tiene. Y este no es un juego de tahúres.