La Guardia Civil llevó a cabo 56 intervenciones de protección a Ana Vanessa Serén desde que el pasado mes de abril entró en vigor la orden judicial por la que su pareja debía mantenerse alejada 300 metros de ella. Está claro que su asesino la tenía entre ceja y ceja. Este último, guardia civil de profesión, tras una temporada de baja médica estaba destinado en un puesto burocrático y con el arma reglamentaria retirada. Hasta el más ingenuo sabe que quien quiere matar a su pareja no va a dejar de hacerlo por no disponer del arma que debiera portar como miembro del instituto armado. Acabó con ella utilizando una escopeta, se suicidó y ahora debemos preguntarnos qué fue lo que falló.
Resulta sumamente difícil evitar que un maltratador y asesino acabe con su víctima, pero es una obligación de nuestras autoridades impedir que eso ocurra. Si hay que asignar un miembro de la Policía o Guardia Civil a cada mujer en riesgo medio o alto, habrá que hacerlo. No vale la respuesta de que no hay suficientes medios. Si no existen, se crean. Menos viajes en Falcon y más seguridad para las mujeres en riesgo de ser agredidas o asesinadas.