El problema de la vivienda tiene su razón de ser en la cantidad, calidad y acceso a ella. Poner una vivienda en manos del usuario final tiene un plazo medio de 4 años: 1 año para adquisición de suelo, proyectos y licencias, dos años para la construcción y otro año para compra, alquiler, hipoteca. Este tiempo se inserta después de un planeamiento urbanístico, gestión de suelo, y procesos de aprobación administrativa y política que tienen un plazo mínimo de otros 8 años.
Es evidente que las políticas de vivienda y suelo tienen que ser duraderas, no partidistas, porque unos planifican, otros ejecutan, y otros, hacen el mantenimiento durante otros 40 años. Tiempo mucho más largo que la duración de una legislatura y que además, afecta a los tres niveles de la administración: municipal, autonómica y estatal.
La falta de consensos sobre un modelo de acceso a la vivienda, la distorsión que se ha generado tras el bum inmobiliario, el posterior crac y la entrada de los grandes tenedores de vivienda junto a la inacción de la Administración, han hecho que ahora arranquemos como un motor viejo tras un tiempo sin uso, a tirones, a golpe de anuncio político y reacción pública, en un tema que afecta a la sociedad al completo. ¿Y nosotros los arquitectos, qué?
Los arquitectos hacemos proyectos, dirigimos obras, gestionamos, pero también desarrollamos el planeamiento urbanístico con equipos multidisciplinares y nos encontramos con dificultades de forma continuada para obtener las aprobaciones de las entidades con decisión sobre arquitectura, vivienda y territorio. Tenemos el conocimiento transversal.
Un anuncio político sobre el uso público de viviendas de la Sareb es, como mucho, parte de la solución. Los arquitectos tendremos que estar, aportar la experiencia de nuestra transversalidad de competencias y conocimiento. Tendremos que apuntar las soluciones, las cuales, requieren un consenso explícito de los partidos políticos y para al menos 20 años. Podremos hacer propuestas si hay consenso, porque ya en otros países de Europa se hizo.
El modelo de política de vivienda que se instauró con la democracia y se desarrolló hasta la crisis del 2007 tiene que ser renovado, hacerse de nuevo, tenía que haberse hecho ya. Será con nuevos parámetros. Derecho al acceso a la vivienda, sostenibilidad, eficiencia energética, calidad constructiva, alquiler accesible, rehabilitación de edificios, serán términos a utilizar. Los arquitectos estamos preparados, la sociedad tiene que saberlo.