La inteligencia artificial (IA) ha eclosionado con fuerza. No solo es una cuestión cuantitativa, también lo es —y yo diría que es lo fundamental— una cuestión cualitativa: con la IA se busca hacer predicciones y tomar decisiones sin concurrir el factor humano. El impacto de la IA sobre nuestras vidas es evidente y plantea problemas serios de gobernanza. La reflexión rigurosa es imperativa. La ética es condición necesaria pero insuficiente; lo mismo cabe decir de las leyes: necesitamos, pues, ética y legislación.
En septiembre, el Gobierno aprobó la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial; en diciembre, que su sede fuese A Coruña. La asociación Sociedad Civil Juntos por Granada y el ayuntamiento de esa ciudad (en manos socialistas, al igual que el de A Coruña) acaban de presentar sendos recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en contra de esta decisión.
Empezamos mal. Si no somos capaces de entendernos dentro de nuestro país y de aceptar las decisiones adoptadas por los órganos competentes, ¿cómo vamos a lograr el necesario consenso a nivel global para el adecuado desarrollo de la IA, un asunto que afecta a todo el planeta? Piensen ustedes, por ejemplo, la visión tan diferente de la política y de los derechos humanos que tenemos los europeos y los chinos, siendo así que China es probablemente ya la gran desarrolladora de IA a nivel mundial.