No concuerdo con el secretario de Estado de Medio Ambiente en que el anteproyecto de ley de litoral de la Xunta de Galicia sea «casi una declaración de independencia». No concuerdo y me sorprende que Hugo Morán, un político de larga experiencia en instituciones y en el Partido Socialista, sienta debilidad por ese hiperbólico titular. Por más que desde el proceso del covid la Xunta se haya mostrado especialmente beligerante con el Gobierno del Estado, en algunos casos con mañas propias de nacionalistas, sean estos madrileños, catalanes o castellanos. Una beligerancia que en las competencias del litoral presenta unos intereses y una estrategia singular.
Uno no está de acuerdo con la política de la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica respecto a determinadas resoluciones administrativas en industria y ocupación del espacio marítimo terrestre por algunas empresas que necesitan de su uso imprescindible. Desacuerdo por desigualdad ante las resoluciones y políticas de ocupación.
En el litoral se asientan un buen número de empresas e incluso servicios públicos. Por lo que respecta a las primeras, la discusión se establece sobre si su actividad está condicionada por su acceso al mar y sus servicios y sobre las prórrogas de la concesión. O pueden establecerse en polígonos industriales, como algunas ya van haciendo. Desde la ley de 1988 las normas han sufrido modificaciones, bien en la etapa Rajoy en el 2013, bien en la de Sánchez en la ley de cambio climático en el 2021, incluyendo además los cambios en el Reglamento General de Costas
Y es esta ley del 2021 la que la Xunta de Galicia ha recurrido ante el Tribunal Constitucional sin éxito. A lo que sigue una resolución del Parlamento gallego para lograr la transferencia de la gestión del litoral, iniciándose incluso negociaciones. Que finalizan en una denegación de la transferencia solicitada si previamente no hay una modificación del Estatuto de Autonomía.
Al tiempo, los intereses industriales y económicos —unos más afectados que otros— se articulan en una organización heterogénea en torno a la «cadena mar-industria», muy activa ante los sucesivos conflictos normativos con el Gobierno de España, con el apoyo inequívoco de la Xunta de Galicia. Quien, ante el escaso éxito y la posición del Estado a negar la transferencia, acude al Consello Consultivo de Galicia para obtener un dictamen favorable, y a su amparo doblar la apuesta con un anteproyecto de ley del litoral de Galicia. Una apuesta política inteligente, más allá de sus contenidos y de los intereses que amparan, que obligará a los grupos del Parlamento gallego a posicionarse ante un texto de gran alcance político, económico y social, y que abre un debate competencial con el Estado que afecta al Estatuto y condiciona una parte importante del territorio y la economía. Novedad de interés para un futuro de Galicia.