Desde que en 1986 se crease el Sistema Nacional de Salud (SNS), universal y sostenido por los impuestos de todos los ciudadanos, el modelo sanitario español ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores del mundo, tanto por la calidad asistencial como por los costes médicos o la eficiencia. Así lo consideran la Organización Mundial de la Salud o el informe Bloomberg. Un largo camino que hemos construido codo con codo, servicios públicos y privados, durante más de 30 años de consenso trabajando por un gran objetivo: la mejor sanidad pública posible.
No obstante, este modelo mixto ya no vale, sobra ahora una parte del equipo, urge eliminar la colaboración privada en pos, dicen, de una sanidad 100 % pública. ¿Es que hasta ahora no lo era? Esta lectura superficial y perversa que recoge el proyecto de ley de equidad del Gobierno olvida, por ejemplo, «los muchísimos millones que la sanidad privada ahorra al Estado», como recordaba días atrás el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sin la privada, que aglutina a 287.000 profesionales, la sanidad española colapsará porque tendrá que asumir, entre otras cargas, seis millones de estancias hospitalarias, 11 millones de consultas y 800.000 pruebas diagnósticas, según cálculos de la Fundación IDIS.
Las empresas como las que integran el Círculo de la Sanidad, la organización que presido, trabajan con los hospitales y centros de salud públicos innovando en tecnología, suministrando prótesis o gases medicinales, desinfectando, dotando de equipos de protección a nuestros profesionales, transportando las muestras de millones de pacientes o ayudando a descongestionar las listas de espera. Estamos orgullosos de ello y, desde el Círculo de la Sanidad, nos seguiremos batiendo el cobre por nuestra sanidad pública, para la que trabajamos y en la que creemos.
Pero en esta emocracia en la que pretenden instalarnos (término que acuñó el filósofo Bertrand Russell para referirse a la tiranía de las emociones), los argumentos y el sentido común se ven arrinconados por los sentimientos, aquellos que parecen acomodarse mejor a ciertos ideales, barriendo de un plumazo esos 30 años de colaboración y consenso. Vivimos tiempos inciertos, volubles, en los que el mensaje de la indignación parece querer ganarle la partida a la razón.
El problema es que el objeto último de este debate es, nada menos, que la salud, la suya y la mía, la de todos. Se juega a demonizar la colaboración público-privada, pero la realidad es que esta colaboración es la que sostiene la sanidad pública española, en jaque no solo por una cuestión ideológica sino por la propia coyuntura económica.
El SNS aglutina todos los recursos y bienes sanitarios de España, ya sean públicos o privados, y resultaría difícilmente entendible que el Gobierno permita que un modelo eficaz y eficiente, reconocido en todo el mundo, se resquebraje por una proclama superficial, que apela a las emociones y no al sentido común. Con 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica y más de tres millones aguardando una primera consulta para un especialista, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por colgar el cartel de 100 % público?