Retos de la electromovilidad en Galicia
OPINIÓN
Hace unas semanas se publicaba en este mismo medio que el número de electrolineras existentes en Galicia hasta el mes de junio era de 501, pero que estaba previsto que aumentasen en 700 más durante todo este 2022, de modo que a final de año la cifra de puntos de recarga pública en la comunidad alcanzase los 1.200.
Este dato, que, en principio, suena muy positivo, teniendo en cuenta, además, la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de la prohibición de vender vehículos de combustión a partir del 2035, se torna en preocupación cuando comprobamos las cifras que el indicador de infraestructura de recarga ofrece para Galicia: 2,8, penúltima de España, mientras que la media española es de 4,8.
Este dato resulta fundamental para entender la urgente necesidad de acelerar la implantación de infraestructuras públicas para vehículos eléctricos en la comunidad. Y la urgencia deriva de la necesidad de instalar masivamente puntos de recarga rápida y ultrarrápida, menos de 15 minutos, si queremos que los usuarios pierdan el miedo a realizar trayectos interurbanos, uno de los desafíos a los que se enfrenta el camino hacia la comercialización generalizada de este tipo de vehículos, junto al precio y la autonomía de las baterías.
A pesar de los esfuerzos de las distintas Administraciones para eliminar trabas regulatorias y burocráticas, de los incentivos fiscales para su instalación, de los planes de inversión de compañías eléctricas y petroleras, no es suficiente para que Galicia alcance, al menos, la media española del citado índice, soslayando la peligrosa tendencia de los usuarios a esperar y ver cómo marcha la cosa.
¿Qué falta entonces? Además de confianza, de más concienciación medioambiental, de más incentivos fiscales y de precios asequibles de los vehículos eléctricos, quizá sería interesante prestar atención a algunas de las 16 medidas propuestas por la patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, para acelerar la instalación de infraestructuras en España.
Parecen especialmente atractivas las que se refieren a la flexibilización temporal de los costes fijos en los puntos de recarga pública, la de garantizar a los consumidores la continuidad en la prestación de los servicios de recarga o la inclusión de proyectos de reforzamiento de red necesarios para la instalación de puntos de alta potencia (de más de 250 kilovatios) en los planes de inversiones anuales y plurianuales de las compañías distribuidoras eléctricas.
Estos vehículos revolucionarán el modelo de movilidad en todo el mundo y desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de nuestra economía, pero es necesario un impulso decidido en Galicia para el despliegue de puntos de recarga públicos interurbanos suficientes, rápidos e interoperables. Sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo de ventas de vehículos electrificados en la comunidad gallega ha superado en los últimos meses a los de combustión interna.
Seguro que lo mejor está por llegar, no perdamos el impulso.